TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE LA INTERVENCIÓN DE MIQUEL ICETA EN LA MESA REDONDA SOBRE EL FUTURO DEL AUTOGOBIERNO
CONVENCIÓ PEL FUTUR – 16.05.08.
Muy buenas tardes,
Quiero agradecer a los organizadores de la Convenció pel Futur su esfuerzo por revitalizar el debate político y por haberme invitado a participar en esta mesa redonda.
Quiero afirmar algunas premisas básicas que pueden ayudar a entender mejor mi planteamiento.
En primer lugar, creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer con la máxima precisión posible las posiciones de los partidos y que estas posiciones deberían tener una validez a lo largo de 12 o 15 años. Creo que serviríamos mejor a los intereses del país y de la ciudadanía si asegurásemos esta transparencia y un cierto grado de estabilidad en las posiciones de unos y otros. La política catalana ha estado impregnada por un exceso de tacticismo. Y creo que es precisamente este exceso de tacticismo una de las explicaciones de la pérdida de prestigio de la política.
Para entendernos, precisión es lo contrario a eufemismo, independencia es independencia, mientras derecho a decidir no se sabe qué quiere decir, aunque todo apunta a que se quiere disfrazar bajo esta expresión el ejercicio del derecho de autodeterminación.
Estabilidad quiere decir que las posiciones han de aguantar más que el titular de un día. Los ciudadanos tienen derecho a que se dibujen horizontes concretos por periodos razonables. Y también tienen derecho a una cierta eficacia política de sus representantes. Por ejemplo, no tiene demasiado sentido pedir una negociación exigente del Estatut si simultáneamente ya se dice que este Estatut no sirve. ¿Qué fuerza tendremos al negociar la financiación hoy si ya estamos diciendo que exigiremos el concierto económico mañana? Es tanto como querer concertar un matrimonio mientras pides los impresos del divorcio…
En segundo lugar, creo que los partidos no tienen derecho a poner a la ciudadanía en callejones sin salida, ni a hacer propuestas basadas tan sólo en los presuntos beneficios a obtener sin advertir de las dificultades ni los riesgos que comportan. La actual competición que han establecido algunos por exhibir la máxima virilidad nacional a menudo se ha traducido en una muestra de impotencia colectiva y, lejos de ilusionar, ha desmovilizado incluso a franjas muy conscientes del electorado.
En tercer lugar, partiendo de la base de que el futuro del autogobierno de Catalunya está fundamentalmente en manos de los ciudadanos y las ciudadanas de Catalunya, y de que cambios significativos del actual estatus requerirían mayorías cualificadas, parece razonable situar como criterio el de mantener la unidad civil del pueblo catalán, que presenta una gran diversidad en los grados de autoidentificación nacional. En este sentido, he dicho ya en otras ocasiones que en mi opinión no se trata tanto de radicalizar a una minoría sino de movilizar a una mayoría. En este sentido no está de más recordar que, precisamente, una de las grandes virtudes del catalanismo ha sido la de “fabricar catalanistas”, es decir, la de ganar para la causa de Catalunya a personas no nacidas aquí pero que aquí han encontrado un lugar para desarrollar sus proyectos vitales. Por ello hace falta mantener y ensanchar el catalanismo como sentimiento cívico ampliamente compartido y no convertirlo en un campo de batalla entre unos que serian patriotas de verdad y otros que no lo serian porque su objetivo nacional no es la independencia.
Hechas estas tres consideraciones con carácter previo, entro en el meollo de la cuestión. En mi opinión, el futuro del autogobierno de Catalunya pasa por la defensa y el desarrollo del Estatuto votado por los catalanes el año 2006, por la defensa del potencial de la Constitución de 1978, que haría falta reformar para dotarnos de un Senado de tipo federal, y para seguir trabajando por el reconocimiento y la plena asunción de la pluriculturalidad y el plurilingüismo español.
En este sentido, es para mí una referencia fundamental el decálogo que presentó el 14 de febrero en Madrid el Presidente de la Generalitat. Os lo recuerdo:
Primero. Nuevo sistema de financiación.
Segundo. Creación del Consorcio con participación paritaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaría y la Agencia Tributaria de Catalunya.
Tercero. Impulsar los traspasos de competencias, previstos en el Estatuto.
Cuarto. Aplicación rigurosa de la DA3a, con respecto a las inversiones del Estado en Catalunya.
Quinto. Traspaso del Servicio de Cercanías y ejecución del Plan de Inversiones previsto.
Sexto. Nuevo modelo de gestión para el Aeropuerto de Barcelona.
Séptimo. Participación efectiva de las CC.AA. en la definición de políticas sectoriales.
Octavo. Reforma del Senado con una clara orientación federal.
Noveno. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Y décimo. Defensa y promoción, por parte del Estado, de todas las lenguas españolas, tal y como establece el artículo 3.3 de la CE de 1978.
Este es para mí el futuro del autogobierno en los próximos años. Es evidente que estos objetivos pueden topar con importantes dificultades: una eventual carencia de complicidad del gobierno español (que yo confío en que no se producirá), una sentencia adversa del Tribunal Constitucional o una inestabilidad política en Catalunya que abriera un paréntesis de incertidumbre (que yo confío en que no se producirá).
Creo que vale la pena comentar muy brevemente el tema del Tribunal Constitucional. No quiero entrar en consideraciones como las que acertadamente ha hecho Javier Pérez Royo sobre la incongruencia de que el Tribunal Constitucional opine sobre la constitucionalidad de una ley orgánica acordada entre dos parlamentos y refrendada por los ciudadanos de Catalunya. No lo hago no porque no esté de acuerdo, sino porque creo que llegamos tarde para revisar las reglas, aunque sean reglas absurdas. Tampoco quiero extenderme sobre nuestro convencimiento de que el texto estatutario es constitucional y que así lo habría de apreciar el Alto Tribunal. Ni tampoco quiero especular sobre la precaria situación de un Tribunal sometido a brutales presiones políticas y corporativas, con recusaciones cruzadas y en situación de prórroga. Sí quiero decir que todas estas consideraciones deberán pesar en el Tribunal así como considerar la importancia de revisar a la baja un acuerdo entre las Cortes Generales y el Parlament de Catalunya refrendado por el pueblo de Catalunya y las consecuencias de tal decisión. Dicho todo esto quiero afirmar también mi convencimiento de que el sistema democrático se sustenta en el respeto a las leyes y en la acatamiento de las sentencias. Y que no seré yo quien recomiende, proponga o insinúe ninguna intención de desconocerlas. Lo que sí diré es que una Sentencia negativa requeriría de una reacción contundente, inteligente y mesurada, con una gran dosis de cordura y unidad catalanista, con la firme voluntad de recuperar los elementos de autogobierno que se hayan podido perder o verse disminuidos por la vía de otros mecanismos legales y de negociación con el Gobierno de España y la mayoría parlamentaria en las Cortes generales.
Nada más lejos de lo que propuso CIU en el Parlament de Catalunya el 29 de marzo del año pasado en el fracasado intento de seducir a ERC tras el incidente de la “calçotada”. Les recuerdo la propuesta: “Ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare nulos algunos artículos del Estatuto vigente o, simplemente, declare una interpretación restrictiva, el Parlamento de Catalunya manifiesta la necesidad de contemplar sin excepción todas las salidas democráticas y pacíficas que puedan satisfacer mejor las legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo de Catalunya, incluido el ejercicio efectivo en referéndum del derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya, de acuerdo con las reiteradas resoluciones en este sentido de este Parlamento, para poder hacer efectivo el derecho democrático a decidir sobre la constitución de un Estado propio en el seno de la Unión Europea”.
A este tipo de cosas me refería cuando hablaba de callejones sin salida y de fugas hacia adelante, que ni se corresponden a la sensibilidad mayoritaria de nuestro país, ni proporcionan un horizonte sensato para el futuro de nuestro autogobierno.
En momentos delicados es especialmente recomendable actuar con sensatez, con firmeza, con sentido histórico, tenacidad y también con sentido de la realidad.
Yo desconfío del catalanismo que va alternando depresión y euforia, y apuesto por el rigor, el trabajo y la honestidad que son hoy la continuidad, la cordura, la medida y la ironía que según Ferrater Mora definen la esencia de la vida catalana. Este es el catalanismo exigente que mejor puede servir a nuestros conciudadanos y a nuestro país. Es el talante que hoy, mejor que nadie, expresa el Presidente Montilla, como lo ha demostrado hace pocos días con un artículo valiente y comprometido.
Pero nos guste o no parecen abrirse dos grandes orientaciones para el futuro del autogobierno de Catalunya: o bien trabajar por un mejor autogobierno en el marco español (en base al desarrollo estatutario y de la evolución del Estado de las Autonomías en un sentido federal) o bien apostar por el soberanismo y la autodeterminación, preparando un “acto de soberanía” (a través de un referéndum o una resolución parlamentaria) que separe a Catalunya del resto de España.
Ciertamente, o España se reconoce a todos los efectos como plural y diversa o puede convertirse en un marco fracasado para la convivencia entre los pueblos que la integran. Todo depende de si se impusiera la visión centralista y uniformadora recogida en los documentos congresuales del Partido Popular, o de si se avanza en la vía de desarrollo de los nuevos Estatutos, tomando el federalismo como guía para la solución de los problemas pendientes y de los que en el futuro puedan plantearse; un federalismo adecuado a la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística de España.
Catalunya tan sólo se sentirá cómoda en la España plural, y podrá seguir siendo motor del desarrollo económico, social y cultural de España, si puede ser ella misma, si obtiene el carbón necesario (financiación, infraestructuras e inversiones) para seguir siendo la locomotora de España, la punta de lanza europea desde la euroregión Pirineos-Mediterráneo, si puede reconocerse mejor en las instituciones comunes del Estado (Senado, Tribunal Constitucional), si puede hacer oír su voz y su lengua en las instituciones españolas y europeas.
El socialismo catalán reclama hoy más autogobierno para Catalunya, el desarrollo en plenitud del nuevo Estatuto, y más federalismo en España y Europa. Ideas que son a la vez utopías posibles y caminos de progreso y libertad. Para avanzar Catalunya debe tener una idea clara de la España que le conviene, y unos aliados para hacerla posible.
Pero avanzar en esta dirección exige también que en el resto de España se muevan las cosas, que los sectores progresistas y de izquierdas, empezando por el PSOE mismo, lejos de acobardarse ante la ofensiva neocentralista de la derecha y la extrema derecha, afirmen con valentía un proyecto español inclusivo. Es necesario que la cohesión no impida a los territorios más dinámicos seguir ejerciendo de motor y de vanguardia, que el pleno reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística no sea presentado de forma ridícula como amenaza para la pujante lengua castellana sino que dé paso a un esfuerzo conjunto por fomentar la riqueza cultural y lingüística, y que los diversos grados de identificación nacional no impidan compartir el proyecto común de una España entendida como nación de naciones.
Este es nuestro objetivo y nuestro reto.
Muchas gracias.
