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Debate en el Parlament sobre la sentencia del TC

INTERVENCIÓN DE  MIQUEL ICETA EN EL DEBATE SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Parlament de Catalunya, 16.07.10

Sr. presidente, señoras y señores diputados,

Subo a la tribuna con motivo de un debate importante sobre un tema muy trascendental para el futuro de nuestro autogobierno.

Probablemente la proximidad de las elecciones al Parlament de Catalunya y también las diferencias de fondo con respecto a los proyectos nacionales de los partidos con representación parlamentaria, no nos permitan hoy dar la respuesta contundente, unitaria y completa que merece la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ratificado en referéndum por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Un problema tan grave no se soluciona con un pleno, una resolución, en una día, una semana o un mes.

Aunque existe este riesgo, creo que sería todavía más peligroso un escenario en el cual pretendiéramos negar a aquello que nos separa y tampoco fuéramos capaces de poner el acento en aquello que nos une.

Precisamente por eso quiero empezar mi intervención haciendo un tributo a la tarea desarrollada por el President de la Generalitat desde el momento en que se conoció que el Tribunal Constitucional había dictado sentencia a través de una declaración institucional, que mi grupo parlamentario suscribió sin reservas. Como suscribe hoy su intervención de esta mañana.

El President Montilla afirmó desde el primer momento que rechazaba el contenido de la sentencia, aunque, lógicamente, como persona respetuosa del Estado de derecho y de las instituciones en que se organiza, manifestaba su disposición a acatarla. Se ha dicho en muchas ocasiones y no está de más reiterarlo, que acatar no quiere decir necesariamente compartir. Que en democracia existe también el derecho a disentir de las sentencias. Y éste es un derecho que hay que ejercer con contundencia cuando se trata de sentencias dictadas por tribunales en una situación tan anómala como la del actual Tribunal Constitucional español.

El President Montilla fijó de forma clara una hoja de ruta para dar respuesta a esta sentencia, un esfuerzo de lectura conjunta de la sentencia que ha dado lugar al informe de los expertos, que saludo y reconozco desde aquí, un esfuerzo de trabajo conjunto para acordar una posición común en defensa del autogobierno que, a estas alturas y lamentablemente, no se ha podido producir, un llamamiento a partidos, sindicatos y asociaciones a convocar una manifestación unitaria que pudiera ir encabezada por las instituciones del país y presidida por la bandera de todos. Como así fue. Afortunadamente.

Gracias, president, por haber mantenido desde el primer momento una respuesta digna y firme a una sentencia que nunca se hubiera tenido que producir. Gracias por no haber hecho partidismo y por haber pensado sobre todo en el país. Ojalá todos fuéramos capaces de hacerlo siempre.

Gracias, president, por defender firmemente tus convicciones, aunque eso a veces nos genere algún problema a los tuyos. El President Maragall ya nos preparó para momentos así.

Curiosamente, president, esta posición de dignidad y firmeza mereció el calificativo de “fascista” por parte de la dirigente del PP, Sra. Dolores de Cospedal, a quien yo le suponía un mejor conocimiento de lo que ha significado históricamente el fascismo en nuestro país y en toda Europa.

Nuestro grupo parlamentario ya había fijado cuál sería su posición una vez conocida la sentencia, en una fecha tan lejana como la del 28 de marzo de 2007 cuando desde esta misma tribuna yo decía:

“El Estado de derecho, la legalidad y la política democrática nos dan instrumentos para recuperar los elementos que una eventual sentencia desfavorable nos pudiera hacer perder, porque aunque el Tribunal Constitucional no nos diera la razón, nosotros no perderíamos nuestras razones, pero sólo podemos hacerlas prevalecer desde el respeto a las instituciones y a la ley. No rompiendo la baraja, por responsabilidad, por convicción, por interés, porque no queremos una fractura entre catalanes, y tampoco una fractura entre catalanes y el resto de los españoles”.

Sr. President, señoras y señores diputados, esta frase, pronunciada desde esta misma tribuna el 28 de marzo de 2007, la repito hoy sin cambiar ni una coma.

Para nosotros el Estatuto no está muerto, ni está herido de muerte, ni el camino del pacto constitucional de 1978 ha caducado, ni se tiene que abandonar este rumbo. No será esta sentencia la que nos haga cambiar de convicciones ni de bandera. No a nosotros.

De los primeros análisis que tenemos de la sentencia, parece deducirse que no tendremos que devolver ninguna nueva competencia transferida, que no tendremos que revisar el acuerdo de financiación, que no tendremos que modificar a nuestro modelo escolar basado en la utilización del catalán como lengua vehicular, que nuestros símbolos nacionales seguirán siendo calificados de símbolos nacionales, y que TV3 y Catalunya Ràdio podrán seguir emitiendo íntegramente en catalán. Lo digo para desmentir a aquellos que proclaman a todas horas que el Estatuto está muerto, para desmentir a quienes creen que todo se ha ido a paseo, llamándolos, eso sí, al combate para recuperar aquello que se ha estropeado. Porque cosas importantes se han estropeado. Algunas materiales, otras en el terreno de los sentimientos. También en el terreno de la confianza y el respeto, como nos decía el President en su intervención.

Somos conscientes de que la sentencia ha anulado completamente un artículo del Estatuto, ha mutilado trece más e interpreta 27 más de forma restrictiva. Somos conscientes de que la sentencia debilita de forma significativa la función constitucional del Estatuto, olvida que es fruto de un pacto político entre la Generalitat y el Estado, y está cargada de prevenciones injustificadas e injustificables. Y hay que denunciarlo con contundencia.

Creo sinceramente que la principal crítica a esta sentencia es precisamente que se haya producido. Muchos ciudadanos no entienden cómo se ha podido cambiar así como así una ley tan laboriosamente elaborada y que finalmente les fue sometida a referéndum. Es el choque de legitimidades del que hablaba el president en su discurso.

Precisamente por eso tenemos que mostrar hoy nuestra profunda indignación hacia esta sentencia y el tribunal que la ha dictado. No tendría que haberlo hecho por respeto a un acuerdo entre el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados y el Senado, por respeto a la mayoría absoluta de las Cortes Generales que lo aprobaron y por respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que ratificaron en referéndum el Estatuto.

El Tribunal Constitucional no tendría que haber dictado sentencia por respeto a la plena y normal vigencia del Estatuto a lo largo de cuatro años, a lo largo de los cuales el Estatuto ha sido objeto de un intenso desarrollo normativo, con la aprobación de unas cincuenta leyes –sólo una de ellas recurrida ante el Tribunal Constitucional–, con un buen número de nuevas competencias ya transferidas a la Generalitat (incluyendo la inspección de trabajo, la gestión del servicio de cercanías o la expedición del primer permiso de trabajo a los trabajadores inmigrantes) y con un nuevo modelo de financiación inspirada directamente en el Estatuto y negociado de forma directa entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, por el conseller Castells.

El Tribunal Constitucional no tendría que haber dictado sentencia consciente de su anómala situación. Incompleto, con uno de sus miembros recusado y con cuatro miembros más que han visto artificialmente prorrogado su mandato en más de dos años y medio. ¿Por qué no se ha inhibido el Tribunal Constitucional? ¿Por qué no ha dictado una sentencia que avalara la plena constitucionalidad del Estatuto, teniendo en cuenta que todo su despliegue ulterior sigue sujeto al control de constitucionalidad? ¿Por qué el Tribunal ha decidido imponer su visión a la del legislador, sin ningún tipo de deferencia? ¿Por qué ha decidido actuar sin respetar la voluntad popular expresada en el referéndum? ¿Por qué el Tribunal ha decidido decantarse por una interpretación restrictiva del pacto constitucional?

Desde mi punto de vista es obvio que nos encontramos ante un ejemplo evidente de irresponsabilidad y de absoluta falta de visión de Estado. El Tribunal Constitucional no ha estado a la altura de su función y ha provocado un problema político y jurídico de consecuencias imprevisibles, que afecta también a los Estatutos de Autonomía que se inspiraron en el nuestro.

¿Saben por qué estamos tan indignados los federalistas? Precisamente porque la sentencia ataca a uno de nuestros principios, el del pacto, el de profundizar en el autogobierno y en el reconocimiento de la realidad plurinacional de España a través del diálogo y el acuerdo.

Quizás algunos en el fondo piensan que esta sentencia revalida la vieja y conocida teoría del “peix al cove”. Ya lo decíamos, repiten ahora. Hablan de autogol, olvidando que si antes no se había abordado una reforma estatutaria es por haber optado por el Partido Popular como apoyo parlamentario. No por otros motivos.

Otros quizás piensan que la sentencia les ayuda a poner punto y final a la etapa estatutaria para dar el salto hacia la independencia. No hace falta que diga que respeto esta opción y a los que la defienden, y tampoco haría falta que les dijera que no la comparto.

Espero que se entienda también que, sin querer minimizar en absoluto el contenido jurídico de la sentencia y sus efectos concretos, me preocupe mucho más el hecho de que esta sentencia demuestra hasta qué punto se nos quiere hacer leer hoy la Constitución con unos ojos y un espíritu muy distintos de los de 1978. Es motivo de especial preocupación la lectura de los votos particulares de la sentencia redactados por magistrados propuestos por el PP. Afirman sin ambages que el Estado de las Autonomías es meramente un proceso de descentralización o niegan el propio concepto de autogobierno o el hecho de considerar que la Generalitat sea también “Estado”. Es evidente que se trata de votos particulares que consideran que la sentencia no ha sido lo bastante contundente contra el Estatuto. Si hubieran prevalecido, el Estatuto habría sido, entonces sí, liquidado políticamente y jurídicamente.

Ahora toca responder políticamente a la sentencia, acatándola, sí, pero mostrando claramente nuestra disconformidad con ella. Manteniendo nuestro compromiso de defensa del contenido íntegro del Estatuto y de despliegue en plenitud de su potencial de autogobierno. Exigiendo la lectura amplia, generosa, consecuente y fiel del pacto constitucional de 1978 para impulsar la evolución federal del Estado de las Autonomías.

El hecho de que el Tribunal Constitucional haya decidido modificar aquello que acordó el Parlament de Catalunya con el Congreso de los Diputados y el Senado, que fue aprobado por mayoría absoluta de las Cortes Generales y que fue ratificado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión muy delicada: el encaje de Cataluña en España. Y pone de manifiesto una clara regresión política que pretende consagrar una interpretación restrictiva del pacto y del texto constitucionales. Y eso tiene consecuencias políticas que van mucho más allá del contenido concreto de la sentencia. Unas consecuencias que explican el por qué los federalistas estamos, en el fondo, más indignados que otros por esta sentencia. La sentencia parece querer archivar para siempre la vía federal. Dejaría viva la vía autonomista, soberanista o independentista pero diría que el federalismo en España no cabe. Y nosotros no podemos aceptarlo, no podemos admitir que esta sentencia implique el fin de nuestro proyecto político ni la muerte de nuestros ideales.

El otro día, en un curioso debate en TV3, alguien afirmaba, en referencia al proceso estatutario, que “esto ha acabado mal, muy mal”. Yo discrepo radicalmente de esta interpretación porque creo que esto no ha acabado. A Cataluña nunca nadie puede decirle cuando acaban las cosas. En todo caso cuando empiezan, pero no cuando acaban. España no ha dado un portazo a Cataluña como algunos sostienen, entre otras cosas porque ni Cataluña ni España son realidades homogéneas, aunque a veces hablamos de una y otra como si se tratara de dos personas. A veces esta personalización del país y la generalización de sentimientos personales nos lleva al error. Y porque la soberanía del pueblo español reside en las Cortes Generales que dieron su apoyo por mayoría absoluta al Estatuto que después refrendó la ciudadanía de Cataluña. El intérprete constitucional no es el titular de la soberanía popular. No queramos confundir a nuestro pueblo identificando a un tribunal deslegitimado, parcial y politizado con una expresión de rechazo de toda España hacia Cataluña. No es España la que ha dicho no. Por eso la interpretación constitucional restrictiva de este Tribunal tiene que cambiar, como el propio Tribunal, para permitir el desarrollo del Estado de las Autonomías en un sentido federal, interpretando aquello que los constituyentes escribieron.

Los socialistas de Cataluña nos fijamos dos grandes objetivos: rehacer el pacto estatutario y fortalecer el pacto constitucional. Queremos el Estatuto, todo el Estatuto y desarrollar en plenitud todo el potencial de autogobierno que contiene. Por eso pedimos también fortalecer el pacto constitucional porque, ciertamente, este Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación restrictiva, que contrasta, por ejemplo, con la decisión de anular parcialmente la LOAPA, acordada entre UCD y PSOE, que decidió un Tribunal Constitucional muy diferente a éste. Lo que demuestra que la doctrina constitucional puede variar en el tiempo y no necesariamente tiene que ser aplicada siempre en perjuicio de las aspiraciones nacionales de Cataluña.

Añoramos los tiempos en los que nacionalidad y nación eran sinónimos, cuando intelectuales del resto de España no tenían ningún problema en hablar de “nación de naciones”. Son tiempos que hay que reivindicar, recuperar y actualizar. Parece que cosas que eran posibles inmediatamente después de la transición se hayan convertido hoy en imposibles, a causa de la regresión política del PP, hoy más próximo a la antigua Alianza Popular que a la extinta UCD. Pero también a causa de las debilidades y carencias de los progresistas españoles que olvidan a veces una de sus tradiciones más ricas, la federal, y se muestran acomplejados ante el neocentralismo y el patrioterismo de la derecha conservadora española. Ciertamente los nacionalistas a veces consiguen el acomplejamiento de quienes no lo son. También aquí, en Cataluña.

Pero antes de seguir permítanme un pequeño paréntesis: intentar poner en el mismo saco al PSOE y al PP sólo tiene una explicación: una evidente mala fe. El PSOE hizo posible el Estatuto mientras el PP ha querido liquidarlo. El PSOE ha abierto puertas al catalán mientras el PP las quiere cerrar.

Nosotros nos negamos a que una sentencia emitida en un momento determinado por un tribunal determinado en una situación especialmente anómala signifique el fin de la historia en común de los pueblos de España o implique retornar a una España de matriz únicamente castellana.

Para nosotros la España posible y deseable es la España plural. El Estado que queremos es el Estado federal. No queremos renunciar al ideal de fraternidad entre los pueblos, ni a un proyecto español compartido, ni a un proyecto europeo compartido. Somos conscientes de las dificultades y de los riesgos. De un distanciamiento emocional entre Cataluña y el resto de España que la sentencia agrava. Y también de los riesgos de una fractura interna en Cataluña. Que existen. A aquéllos que quieren cambiar la señera de todos por otra bandera, les decimos que se aseguren antes de que la nueva bandera una a más gente que la vieja. Que piensen que si reformar el Estatuto necesita del acuerdo de dos tercios del Parlament, no conviene impulsar un referéndum para la independencia por un voto de diferencia en la Mesa del Parlament. Y menos aún si para hacerlo se pretende desconocer la legalidad vigente.

Los socialistas catalanes afianzamos nuestro compromiso federal conscientes de que el catalanismo tiene dos grandes opciones de futuro que lógicamente, contienen, una y otra, tantos matices como se quiera: o bien trabajar por un mejor autogobierno en el marco español (asegurando el pleno desarrollo del Estatuto votado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y la evolución del Estado de las Autonomías en un sentido federal) o bien preparar el camino para la independencia de Cataluña, la secesión del resto de España, con la voluntad de que Cataluña se convierta un nuevo Estado que tendría que conseguir su integración en la Unión Europea.

Ciertamente, o bien España se reconoce plenamente como plural y diversa, o puede convertirse en un marco fracasado para la convivencia entre los pueblos que la integran. Todo depende si la actual reacción autoritaria, centralista y uniformizadora que proclama el Partido Popular se convierte en irreversible, o si se es capaz de avanzar en la vía del desarrollo de los nuevos Estatutos, tomando el federalismo como guía para la solución de los problemas pendientes y de los que en el futuro se puedan plantear; un federalismo adecuado a la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística de España.

Cataluña sólo se puede sentir cómoda en la España plural, y sólo podrá seguir siendo motor del desarrollo económico, social y cultural de España, si puede ser ella misma y es reconocida como tal, si se le garantiza la adecuada dotación financiera, de infraestructuras, inversiones y participación en los centros de decisión, para seguir siendo una gran locomotora de España, una punta de lanza europea desde la euroregión Pirineos-Mediterráneo, si se puede reconocer mejor en las instituciones comunes del Estado (Senado, Tribunal Constitucional) y si puede hacer oír su voz y su lengua en las instituciones españolas y europeas, en un camino que ahora se inicia.

El socialismo catalán reclama más autogobierno para Cataluña a través del pleno desarrollo del nuevo Estatuto, y más federalismo en España y Europa. Para avanzar tenemos que tener una idea clara de la España que queremos construir, y con qué aliados pretendemos hacerlo. Para los socialistas catalanes la prioridad es clara: un fortalecimiento de las posiciones federalistas en el seno de la izquierda española y, en particular, del PSOE.

En Cataluña parece claro que la mejor respuesta a la sentencia tendría que partir de la unidad de los catalanistas. Ahora bien, de la unidad catalana se habla mucho pero pocas veces la hemos visto. Para ERC, la opción es la independencia; para CiU la opción parece ser el concierto económico y el derecho a decidir, o hacer de invitada de piedra en las reuniones convocadas por el presidente, de las que se ausenta antes de tiempo; para ICV-EUiA la unidad pasa por el federalismo plurinacional al que socialistas y Ciutadans pe| canvi también aspiramos; para el PSC la unidad pasa por la defensa de la integridad del Estatuto tal como lo votaron los catalanes y las catalanas, para desplegar en plenitud su potencial de autogobierno, para rehacer el pacto estatutario y fortalecer el pacto constitucional. Ante esta disparidad de objetivos y prioridades no será fácil ponernos de acuerdo, aunque hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguirlo. Pero somos conscientes y no tenemos que esconder que ningún partido va a renunciar a su proyecto ni a sus convicciones.

Tiempo habrá, en los próximos meses, para confrontar proyectos políticos para el futuro de Cataluña y de los catalanes. Tiempo habrá para hablar y para dejar que hable el pueblo de Cataluña y nos dé un mandato para los próximos años. Pero en esta hora, grave y exigente como decía el President de la Generalitat, creo que si una cosa nos tenemos que exigir es claridad respecto de lo que proponemos a la ciudadanía.

Y creo que, si una cosa positiva ha tenido la sentencia, es que ayudará a clarificar cuáles son las propuestas que, hoy, hacen las diferentes fuerzas políticas. Entiendo que los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña dan por muerta la vía estatutaria y proponen emprender sin tapujos el camino hacia la independencia de Cataluña. Los socialistas, ellos lo saben bien, no compartimos este camino. Y si ésta es una condición de Esquerra para formar cualquier mayoría, no podría ser con nosotros.

Los representantes de Convergència i Unió hablan del derecho a decidir, como la brújula que nos tendrá que guiar en los próximos años. Creo que tendrán que aclarar un poco más a qué se refieren. Porque si quieren decir que actuarán como demócratas y aceptarán aquello que decida la mayoría del pueblo de Cataluña, eso lo damos por descontado. Pero esta misma semana el líder de CiU, y hoy lo ha reiterado, afirmaba Artur Mas literalmente “El camino estatutario y constitucional no ha dado sus frutos, hemos llegado al final del camino y tenemos que cambiar de rumbo. Y los catalanes tienen que decidir por amplías mayorías hacia dónde quieren ir”.

No acabo de entender qué quieren decir exactamente estas palabras … ¿Que Artur Mas esperará a que una mayoría de catalanes le diga hacia dónde tiene que ir? ¿O que también opta por esta ruptura del marco estatutario y constitucional y que Cataluña se pueda convertir en un nuevo Estado de la Unión Europea?

Si en eso coinciden los diputados de Convergència i Unió y los de Esquerra Republicana, están en su derecho de articular una mayoría y pretender iniciar un proceso de separación de España. Con nosotros, repito, que no cuenten. Pero quiero afirmar su plena legitimidad para hacerlo.

Lo único que nos atrevemos a exigir a todo el mundo es claridad. Que se explique claramente al pueblo de Cataluña cuál es el camino que se propone y cuál es la hoja de ruta. Que se diga cómo se piensa que Cataluña se tiene que gobernar de aquí hasta allí. Con qué herramientas, qué leyes, qué Estatuto …

Los socialistas no hemos apostado ni apostaremos por la independencia y la separación de Cataluña del resto de España, sino por una exigencia radical de respeto hacia Cataluña, nuestra dignidad, nuestro Estatuto, nuestra voluntad de autogobierno, nuestra lengua y nuestra cultura, una financiación justa y la implicación profunda de Cataluña en la construcción de un Estado federal para los pueblos de España. Para los socialistas catalanes lo primero es y será Cataluña, pero no una Cataluña permanentemente irritada o desconcertada sino una Cataluña constructiva, orgullosa de sí misma y sin tener que decidir entre dos banderas, la de todos y la de unos cuantos, por muchos que sean.

Ésta es nuestra convicción. Y creemos que éste es el sentimiento mayoritario profundo en la sociedad catalana. Reivindicando la pluralidad de proyectos políticos, no sólo la de los partidos que participaron en la construcción estatutaria, sino también del PP y del grupo mixto, todos defendiendo proyectos legítimos con posibilidad de aliarse o distanciarse en función de sus convicciones.

Insisto en que la situación en la que nos encontramos después de la sentencia nos exige hablar claro, señoras y señores diputados.

Y hablar claro quiere decir, de entrada, aceptar que estamos ante la necesidad de decidir qué proponen las fuerzas políticas catalanas para superar la situación generada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Es una disyuntiva que abre dos caminos diferentes:

– o bien rehacer el pacto estatutario y reforzar el pacto constitucional

– o bien optar por romper el marco estatutario y constitucional

Si ésta es la disyuntiva los socialistas afirmamos, sin dudarlo un instante, que nuestra opción sigue siendo la de rehacer el pacto político que hizo posible una reforma estatutaria que quien gobernaba hasta el 2003 no había querido emprender.

Nuestra opción sigue siendo reforzar el pacto constitucional de 1978, sin renunciar a una futura reforma de la Constitución para dotarnos de un Senado federal y reconocer de forma clara la plurinacionalidad. Y sabemos que eso habrá que hacerlo también con el PP y que no es cosa para mañana mismo.

Seguramente algún día tendremos que reflexionar si hicimos bien las cosas en el momento de hacer el Estatuto, si fue inteligente no contar con todo el mundo. Si quisiéramos reformar la Constitución lo tendríamos que hacer con el Partido Popular.

Nuestra opción sigue siendo participar activamente desde Cataluña en la construcción de esta España plurinacional que se reconozca y se respete a sí misma en su diversidad.

Nuestra opción sigue siendo trabajar para la mayoría social de Cataluña que, hoy, no ve incompatible el sentimiento de doble pertenencia a dos realidades nacionales que pueden ser complementarias y que algunos sólo quieren ver como excluyentes.

Vaya, que se podía ir a la manifestación del sábado pasado y celebrar el domingo la victoria de “La Roja”. Como dicen los matemáticos sin solución de continuidad.

Nuestra opción sigue siendo trabajar desde el realismo y la ambición política para nuestro país, pero concentrando nuestras energías en la superación de la crisis, la recuperación del crecimiento de nuestra economía y la preservación de la cohesión social de nuestro pueblo. Y de su unidad civil.

Nosotros no actuaremos llevados por la indignación o el malestar producidos por una sentencia, proponiendo el riesgo de caminos inciertos. Ni falsos atajos, ni inventos, ni sorpresas, ni pasos atrás. A tiempos difíciles, gente seria. Política seria. Pocos juegos de palabras. Saber dónde vamos y con quién queremos ir. No creo que pueda haber mayor irresponsabilidad política que la de conducir a la ciudadanía a un callejón sin salida disfrazándolo de atajo. No somos partidarios del aventurerismo político.

Convendría también haber aprendido algunos errores del largo proceso estatutario, antes de empezar a trabajar en la siguiente etapa: tener claros los objetivos que se persiguen, que esté bien fijado el liderazgo del proceso, la máxima unidad posible entre las fuerzas políticas catalanas, que los objetivos fijados sean sobradamente compartidos por la sociedad catalana, que no introduzcan ni división ni crispación innecesarias entre la ciudadanía, que la sociedad civil se implique activamente; también convendría haber calculado bien las fuerzas de las que se dispone y las resistencias que haya que vencer, y contar con las necesarias complicidades en el resto de España. Sólo así, con sensatez, podremos vencer cualquier obstáculo. Y esta sentencia es un obstáculo muy importante.

Acabo resumiendo lo que creemos que hay que hacer en tres ejes:

* levantar nuestra voz, expresar nuestra indignación, nuestro malestar, nuestra disconformidad con la sentencia, a pesar de acatarla

* rehacer el pacto estatutario poniendo en marcha todos los mecanismos políticos, jurídicos, legislativos y de cooperación institucional para desarrollar el potencial de autogobierno contenido en el Estatuto votado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña

* fortalecer el pacto constitucional de manera tque las instituciones españolas reconozcan la realidad nacional de Cataluña, nuestro autogobierno, nuestras instituciones, nuestros símbolos, nuestra lengua y nuestra cultura, nuestro derecho civil y nuestra tradición jurídica y una financiación justa.

Éste es el compromiso del PSC, en el Parlament y en todas las instituciones en las que estamos presentes.

Muchas gracias, Sr. President, señoras y señores diputados.

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