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Tras la sentencia, federalismo

Tras la sentencia, federalismo

Miquel Iceta, portavoz del grupo parlamentario Socialistes-Ciutadans pel canvi

Revista Activitat parlamentària, setembre 2010

La proximidad de las elecciones al Parlament de Catalunya y también las diferencias de fondo respecto a los proyectos nacionales de los partidos con representación parlamentaria, no nos permiten en estos momentos dar la respuesta contundente, unitaria y completa que merece la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ratificado en referéndum por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Un problema tan grave no se soluciona con un pleno del Parlament, una resolución concreta, ni se resuelve en un día, una semana o un mes.

Precisamente por eso hay que valorar muy positivamente la labor desarrollada por el presidente de la Generalitat desde el momento en que se conoció que el Tribunal Constitucional había dictado sentencia hasta hoy. Una tarea que incluye su declaración institucional, un esfuerzo de lectura conjunta de la sentencia a través del Informe de los expertos, un llamamiento a partidos, sindicatos y asociaciones a convocar una manifestación unitaria que pudiera ir encabezada por las instituciones del país y presidida por la senyera de todos –como así fue, afortunadamente–; su intervención en el debate parlamentario sobre la sentencia; la propuesta de resolución que planteó y que fue votada de forma ampliamente mayoritaria, y la reunión con el presidente del Gobierno de España celebrada a finales de julio. Creo que la respuesta del president Montilla ha sido clara, digna y firme.

El president Montilla afirmó desde el primer momento que rechazaba el contenido de la sentencia, aunque, lógicamente, como persona respetuosa del Estado de derecho y de las instituciones en que se organiza, manifestaba su disposición a acatarla. Acatar no significa necesariamente compartir. En democracia existe también el derecho a disentir de las sentencias y éste es un derecho que hay que ejercer con contundencia cuando se trata de sentencias dictadas por tribunales en una situación tan anómala como la del actual Tribunal Constitucional español.

El grupo parlamentario Socialistes-Ciutadans pel canvi ya había fijado cuál sería su posición cuando hubiera sentencia, en una fecha tan lejana como el 28 de marzo de 2007, cuando desde la tribuna del Parlament y como portavoz de mi grupo afirmé:

“El Estado de derecho, la legalidad y la política democrática nos dan instrumentos para recuperar los elementos que una eventual sentencia desfavorable nos pudiera hacer perder, porque aunque el Tribunal Constitucional no nos diera la razón, nosotros no perderíamos nuestras razones, pero sólo podemos hacerlas prevalecer desde el respeto a las instituciones y a la ley. No rompiendo la pelea, por responsabilidad, por convicción, por interés, porque no queremos una fractura entre catalanes, y tampoco una fractura entre catalanes y el resto de los españoles”.

Esta frase, pronunciada desde la tribuna del Parlament el 28 de marzo de 2007, la suscribo hoy punto por punto. Para nosotros el Estatuto no está muerto, ni está herido de muerte, ni el camino del pacto constitucional de 1978 ha caducado, ni se ha de abandonar este rumbo. No será esta sentencia la que nos haga cambiar de convicciones ni de bandera. No a nosotros.

De los primeros análisis que tenemos de la sentencia, parece deducirse que no tendremos que devolver ninguna nueva competencia transferida, que no tendremos que revisar el acuerdo de financiación, que no tendremos que modificar nuestro modelo escolar basado en la utilización del catalán como lengua vehicular, que nuestros símbolos nacionales seguirán siendo calificados de símbolos nacionales, y que TV3 y Catalunya Ràdio podrán seguir emitiendo íntegramente en catalán. Lo digo para desmentir a aquellos que proclaman a diestro y siniestro que el Estatuto está muerto, para desmentir a los que creen que todo se ha ido al traste, llamándolos, eso sí, al combate para recuperar lo que se ha echado a perder. Porque cosas importantes se han echado a perder. Algunas materiales, otras en el terreno de los sentimientos. También en el terreno de la confianza y el respeto entre los pueblos de España.

No hay que olvidar en ningún momento que la sentencia ha anulado completamente un artículo del Estatuto, ha mutilado trece más e interpreta 27 más de forma restrictiva, que la sentencia debilita de forma significativa la función constitucional del Estatuto, que olvida que es fruto de un pacto político entre la Generalitat y el Estado, y que está cargada de prevenciones injustificadas e injustificables. Y hay que denunciarlo con contundencia.

Creo que la principal crítica a esta sentencia es precisamente que se haya producido. Muchos ciudadanos no entienden cómo se ha podido cambiar así como así una ley tan laboriosamente elaborada y que finalmente les fue sometida a referéndum. Es el choque de legitimidades del que hemos alertado desde la aprobación en referéndum del texto estatutario.

Precisamente por eso estamos profundamente indignados con esta sentencia y el tribunal que la ha emitido. No debería haberlo hecho por respeto a un acuerdo entre el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados y el Senado, por respeto a la mayoría absoluta de las Cortes Generales que lo aprobaron y por respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que ratificaron en referéndum el Estatuto.

El Tribunal Constitucional no debería haber dictado sentencia por respeto a la plena y normal vigencia del Estatuto a lo largo de cuatro años, durante los cuales ha sido objeto de un intenso desarrollo normativo, con la aprobación de una cincuentena de leyes –sólo una de ellas recurrida ante el Tribunal Constitucional–, con un buen grupo de nuevas competencias ya transferidas a la Generalitat (incluyendo la Inspección de trabajo, la gestión del servicio de cercanías o la expedición del primer permiso de trabajo a los trabajadores inmigrantes) y con un nuevo modelo de financiación inspirado directamente en el Estatuto y negociado de forma directa entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España.

El Tribunal Constitucional no debería haber dictado sentencia consciente de su anómala situación. Incompleto, con uno de sus miembros recusado y con cuatro miembros más que han visto artificialmente prorrogado su mandato en más de dos años y medio. ¿Por qué no se ha inhibido el Tribunal Constitucional? ¿Por qué no ha dictado una sentencia que avalara la plena constitucionalidad del Estatuto, teniendo en cuenta que todo su desarrollo ulterior sigue sujeto al control de constitucionalidad? ¿Por qué el Tribunal ha decidido imponer su visión a la del legislador, sin ningún tipo de deferencia? ¿Por qué ha decidido actuar sin respetar la voluntad popular expresada en el referéndum? ¿Por qué el Tribunal ha decidido decantarse por una interpretación restrictiva del pacto constitucional?

Desde mi punto de vista es obvio que nos encontramos ante un ejemplo evidente de irresponsabilidad y de absoluta falta de visión de Estado. El Tribunal Constitucional no ha estado a la altura de su función y ha provocado un problema político y jurídico de consecuencias imprevisibles, que afecta también a los demás Estatutos de Autonomía que se inspiraron en el nuestro.

Sin querer minimizar en absoluto el contenido jurídico de la sentencia y sus efectos concretos, me preocupa mucho más el hecho de que esta sentencia demuestra hasta qué punto se nos quiere hacer leer hoy la Constitución con unos ojos y un espíritu muy diferentes a los de 1978. Es motivo de especial preocupación la lectura de los votos particulares de la sentencia redactados por magistrados propuestos por el PP. Afirman sin tapujos que el Estado de las Autonomías es meramente un proceso de descentralización o niegan el propio concepto de autogobierno o el hecho de considerar que la Generalitat sea también “Estado”. Es evidente que se trata de votos particulares que consideran que la sentencia no ha sido suficientemente contundente contra el Estatuto. Si hubieran prevalecido, el Estatuto hubiera sido, entonces sí, liquidado política y jurídicamente.

El hecho de que el Tribunal Constitucional haya decidido modificar lo que acordó el Parlament de Catalunya con el Congreso de los Diputados y el Senado, que fue aprobado por mayoría absoluta de las Cortes Generales y que fue ratificado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión muy delicada: el encaje de Cataluña en España. Y pone de manifiesto una clara regresión política que pretende consagrar una interpretación restrictiva del pacto y del texto constitucionales. Y esto tiene consecuencias políticas que van mucho más allá del contenido concreto de la sentencia. Unas consecuencias que explican por qué los federalistas estamos, en el fondo, más indignados que otros por esta sentencia. La sentencia parece querer archivar para siempre la vía federal. Dejaría viva la vía autonomista, soberanista o independentista, pero diría que el federalismo en España no cabe. Y nosotros no podemos aceptarlo de ninguna de las maneras, no podemos admitir que su sentencia implique el fin de nuestro proyecto político ni la muerte de nuestros ideales.

España no ha dado un portazo a Cataluña como algunos defienden, entre otras cosas porque ni Cataluña ni España son realidades homogéneas, aunque a veces hablamos de una y otra como si se tratara de dos personas. Y también porque la soberanía del pueblo español reside en las Cortes Generales, que dieron su apoyo por mayoría absoluta al Estatuto que luego refrendó la ciudadanía de Cataluña. El intérprete constitucional no es el titular de la soberanía popular. No se puede jugar a la confusión identificando un tribunal deslegitimado, parcial y politizado con una expresión de rechazo de toda España hacia Cataluña. No es España la que ha dicho no. Por eso la interpretación constitucional restrictiva de este Tribunal debe cambiar, como el propio Tribunal, para permitir el desarrollo del Estado de las Autonomías en un sentido federal.

No son tan lejanos los tiempos en los que nacionalidad y nación eran sinónimos, cuando intelectuales del resto de España no tenían ningún problema en hablar de “nación de naciones”. Son tiempos que hay que reivindicar, recuperar y actualizar. Parece que cosas que eran posibles inmediatamente después de la Transición se hayan convertido hoy en imposibles, debido a la regresión política del PP, hoy más cercano a la antigua Alianza Popular que a la extinta UCD. Pero también debido a las debilidades y carencias de los progresistas españoles que olvidan a veces una de sus tradiciones más ricas, la federal, y se muestran acomplejados ante el neocentralismo y el patrioterismo de la derecha conservadora española. Ciertamente los nacionalistas a veces consiguen el acomplejamiento de los que no lo son. También aquí, en nuestro país.

Dicho esto creo que sólo se pueden poner en el mismo saco al PSOE y al PP desde la mala fe. El PSOE hizo posible el Estatuto mientras que el PP ha querido liquidarlo. El PSOE ha abierto puertas al catalán mientras el PP las quiere cerrar.

Los socialistas catalanes nos negamos a que una sentencia emitida en un momento determinado por un tribunal determinado en una situación especialmente anómala signifique el fin de la historia en común de los pueblos de España o implique volver a una España de matriz únicamente castellana y a un modelo centralista de Estado.

Para nosotros la España posible y deseable es la España plural. El Estado que queremos es el Estado federal. No queremos renunciar al ideal de fraternidad entre los pueblos, ni a un proyecto español compartido, ni a un proyecto europeo compartido. Somos conscientes de las dificultades y de los riesgos. De un distanciamiento emocional entre Cataluña y el resto de España que la sentencia agrava. Y también de los riesgos de una fractura interna en Cataluña. Que están. A aquellos que quieren cambiar la senyera de todos por otra bandera, les decimos que se aseguren antes de que la estelada una a más gente que la senyera. Que piensen que, si reformar el Estatuto necesita del acuerdo de dos tercios del Parlamento, no tiene mucho sentido buscar la independencia con un consenso inferior a éste. Y que en democracia todos los proyectos políticos son legítimos pero todos deben someterse a la legalidad vigente y a los mecanismos institucionales para modificarla.

Ciertamente, o bien España se reconoce plenamente como plural y diversa, o puede convertirse en un marco fracasado para la convivencia entre los pueblos que lo integran. Todo depende de si la actual reacción autoritaria, centralista y uniformizadora, que proclama el Partido Popular, se convierte en irreversible, o de si se es capaz de avanzar en la vía del desarrollo de los nuevos Estatutos, tomando el federalismo como guía para la solución de los problemas pendientes y los que en el futuro se puedan plantear, un federalismo adecuado a la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística de España. Tiempo habrá, en los próximos meses, de confrontar proyectos políticos para el futuro de Cataluña y de los catalanes. Tiempo habrá de hablar y para hacer que el pueblo de Cataluña hable y nos dé un mandato para los próximos años. Pero en esta hora, grave y exigente como decía el president de la Generalitat, creo que si algo hay que exigir es claridad respecto de lo que proponemos a la ciudadanía. Y hablar claro significa, de entrada, aceptar que estamos ante la disyuntiva de decidir qué proponen las fuerzas políticas catalanas para superar la situación generada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Una disyuntiva que abre dos caminos diferentes, con tantos matices como se quiera:

  • O bien rehacer el pacto estatutario y reforzar el pacto constitucional
  • O bien optar por romper el marco estatutario y constitucional.

Ante esta disyuntiva los socialistas afirmamos, sin dudarlo ni un instante, que nuestra opción es la defensa del contenido íntegro del Estatuto y de desplegar en plenitud su potencial de autogobierno, exigiendo la lectura amplia, generosa, consecuente y fiel del pacto constitucional de 1978 para impulsar la evolución federal del Estado de las Autonomías.

Nuestra opción sigue siendo reforzar el pacto constitucional de 1978, sin renunciar a una futura reforma de la Constitución para dotarnos de un Senado federal y reconocer de forma clara la plurinacionalidad del Estado. Nuestra opción sigue siendo participar activamente desde Cataluña en la construcción de esta España plurinacional que se reconozca y se respete a sí misma en su diversidad.

El socialismo catalán reclama más autogobierno para Cataluña a través del pleno desarrollo del nuevo Estatuto, y más federalismo en España y Europa. Para avanzar debemos tener una idea clara de la España que queremos construir, y con qué aliados pretendemos hacerlo. Para los socialistas catalanes la prioridad es clara: un fortalecimiento de las posiciones federalistas en el seno de la izquierda española y, en particular, del PSOE.

Cataluña sólo se puede sentir cómoda en la España plural, y sólo podrá seguir siendo motor del desarrollo económico, social y cultural de España si puede ser ella misma y es reconocida como tal, si se le garantiza la adecuada dotación financiera, de infraestructuras, inversiones y participación en los centros de decisión, para seguir siendo una gran locomotora de España, una punta de lanza europea desde la eurorregión Pirineos-Mediterráneo, si se puede reconocer mejor en las instituciones comunes del Estado (Senado, Tribunal Constitucional) y si puede hacer oír su voz y su lengua en las instituciones españolas y europeas, en un camino que apenas comienza.

Nuestra opción sigue siendo trabajar para la mayoría social de Cataluña que, hoy, no ve incompatible el sentimiento de doble pertenencia a dos realidades nacionales que pueden ser complementarias y que algunos sólo quieren excluyentes. Vamos, que se podía ir a la manifestación el 10 de julio y celebrar la victoria de “La Roja” al día siguiente.

Nuestra opción sigue siendo trabajar desde el realismo y la ambición política para nuestro país. Nosotros no actuaremos llevados por la indignación o el malestar producidos por una sentencia, proponiendo el riesgo de caminos inciertos. Ni falsos atajos, ni inventos, ni sorpresas, ni pasos atrás. En tiempos difíciles, gente seria. Política seria. Pocos juegos de palabras. Saber dónde vamos y con quién queremos ir. No creo que pueda haber mayor irresponsabilidad política que la de llevar la ciudadanía a un callejón sin salida disfrazándolo de atajo. No somos partidarios del aventurismo político. Queremos afirmar la unidad civil y la cohesión social en Cataluña.

Los socialistas no hemos apostado ni apostaremos por la independencia y la separación de Cataluña del resto de España, sino por una exigencia radical de respeto por Cataluña, por nuestra dignidad, por nuestro Estatuto, por nuestra voluntad de autogobierno, por nuestra lengua, por una financiación justa y por la profunda implicación de Cataluña en la construcción de un Estado federal para los pueblos de España. Para los socialistas catalanes primero es y será Cataluña, pero no una Cataluña permanentemente irritada o desconcertada, sino una Cataluña constructiva, orgullosa de sí misma, que sabe lo que quiere y que camina unida para conseguirlo.

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