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Ciento cincuenta punto dos

CIENTO CINCUENTA PUNTO DOS
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 12.01.14

El jueves se votará en el Parlament de Catalunya una propuesta para solicitar al Congreso de los Diputados la transferencia de la competencia para autorizar la convocatoria de referéndums en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución española. Ya me referí a esta cuestión el pasado 24 de noviembre, cuando aún no se había producido el acuerdo entre CiU, ERC, ICV-EUiA y las CUP sobre la fecha y el contenido de la ‘pregunta encadenada’. No he cambiado de opinión al respecto. Al contrario, conocida la pregunta tengo hoy todavía más razones para no apoyar esta iniciativa.

La primera razón es sencilla y, en mi opinión, es la fundamental: esta propuesta no lleva a la consulta; por el contrario, la bloquea .

Recordemos qué dice el artículo 150.2 de la Constitución: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado” (negrita y subrayado son míos).

En efecto, el artículo 149.1.32 de la Constitución establece que “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” es competencia exclusiva del Estado. Pero los patrocinadores de la propuesta ya han fijado la pregunta y el día en que quieren que se celebre la consulta . Recordemos la pregunta encadenada que pretenden hacer: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?”. Y, como si fuera una encuesta, tan solo quienes hayan contestado afirmativamente a la primera pregunta podrán responder a la segunda, “¿Quiere que sea un Estado independiente?”.

Sin entrar a valorar a fondo la pregunta, que tal como señalé en mi artículo “La pregunta, una chapuza” carece de los mínimos de claridad y equidad exigibles, ¿alguien piensa que el Estado transferirá o delegará la competencia para convocar referéndums a la Generalitat para que ésta pueda organizar una consulta que pone directamente en cuestión lo establecido en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española? [Artículo 1.2 : “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”].

A veces se nos recuerda como CiU, PSC , ERC e ICV-EUiA incluimos esta reivindicación en el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament, pero quien lo hace parece olvidar que esta pretensión no quedó finalmente recogida en el texto estatutario aprobado por las Cortes Generales, y olvida también que esta ausencia no fue un obstáculo para que una mayoría de partidos catalanes aceptásemos el proyecto finalmente aprobado (es decir, todos los partidos entonces representados en el Parlament salvo ERC y el PP, que propugnaron el voto negativo en el referéndum estatutario). Aparte de cuestiones formales que siempre son discutibles, la razón de fondo es que ni el PSOE ni mucho menos el PP aceptaban esta pretensión porque consideraban y consideran que la potestad de autorizar la convocatoria de referéndums no espor su propia naturaleza transferible o delegable. Por eso han votado en contra de esta demanda en varias ocasiones en los últimos años. Ni qué decir tiene que la pregunta que se pretende someter a consulta les ha afianzado en su posición, cosa perfectamente previsible o quién sabe si incluso buscada.

Lo he dicho ya en muchas ocasiones: sin acuerdo no habrá consulta, y la fijación unilateral de fecha, pregunta y mecanismo legal para la consulta es hacerla imposible, porque impide alcanzar un acuerdo con las instituciones del Estado.

La segunda razón tiene que ver con el trasfondo de la cuestión. Cuando se quiere llevar al Congreso una iniciativa que se sabe de antemano que será rechazada, ¿cuál es el verdadero objetivo que se busca? Ha habido voces autorizadas que lo han explicado de forma clara y sincera: “Queremos cargarnos de razones a favor de la independencia”. “Que nos digan que no, entonces haremos unas elecciones plebiscitarias para aprobar después una declaración unilateral de independencia”. Más claro, agua.

En estas circunstancias no parece lógico que los que no estamos a favor de la independencia apoyamos una iniciativa condenada al fracaso que sólo servirá de argumento a los que quieren la ruptura. De hecho, ha quedado ya demostrado que a los socialistas sólo nos quiere como convidados de piedra de esta estrategia. Recordemos qué pasó con el documento Rigol que debía sustentar el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Cuando los socialistas estuvimos de acuerdo, el documento fue rápidamente sustituido por una propuesta de resolución parlamentaria que nos dejaba fuera del consenso. O recordemos qué ha pasado con la Comisión parlamentaria de Estudio del Derecho a Decidir. Aquella Comisión que debía ser tan y tan importante? Pues que ni la fecha, ni la pregunta, ni la propuesta que se aprobará el jueves en el Parlament han sido debatidas en ese ámbito. Incluso la propuesta que se votará el jueves en el Parlamento será tramitada en lectura única mostrando una nula voluntad negociadora. Actuando así queda claro que de los socialistas sólo se espera un acto de acatamiento. Y cuando nos negamos, somos tachados de malos catalanes. Hoy, dirigidos por Pere Navarro, como cuando se nos tildaba de traidores con Reventós, Obiols, Serra o Maragall al frente. Es la acusación que hemos recibido siempre que no hemos compartido la estrategia de CiU. Siempre han querido sumergirnos en un unanimismo tan falso como peligroso, y a menudo hemos tenido que nadar contracorriente. Como ahora.

La debilidad parlamentaria de CiU y su supeditación al pacto con ERC han forzado las cosas por medio de una cuenta atrás que tenía como fecha límite el año 2014. Era el precio a pagar por la presidencia, el gobierno y los presupuestos de este año. Había otras alternativas, pero no se han querido ni siquiera explorar. No se quería agotar la legislatura ni esperar a un debilitamiento del PP que hoy goza de una confortable mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Parece que de lo que se trata es de acumular derrotas parciales para luego intentar la victoria final que llevará a la independencia. Particularmente soy totalmente contrario a avalar esta estrategia, no sólo porque no comparto su objetivo final, sino porque entraña un riesgo elevadísimo y unos costes que pueden llegar a ser insoportables para el conjunto de la sociedad catalana .

Ciertamente es una estrategia que cuenta con la inestimable colaboración de Mariano Rajoy que, a pesar de algunas buenas palabras indicando disposición al diálogo, no ha hecho hasta el momento una sola propuesta que permita apuntar hacia un camino de negociación razonable, en abierto contraste con la reforma constitucional federal que proponemos los socialistas. Nunca insistiremos lo suficiente en la irresponsabilidad del PP, que no sólo ha sido una de las causas de la actual desafección entre Cataluña y el resto de España, sino que es absolutamente incapaz de hacer ninguna propuesta que sirva para superar la actual situación.

Por último, hay un tercer motivo que para mí es muy importante. Se trata, precisamente, de la posición decidida democráticamente de forma muy mayoritaria por el Consell Nacional del PSC el pasado 17 de noviembre que queda resumida en esta frase: “Nos reafirmamos en el criterio de votar contra cualquier propuesta o iniciativa legislativa relacionada con la consulta que no haya sido previamente negociada y acordada con el gobierno de España, como ha sido el caso de los únicos antecedentes que podemos considerar de referencia, Reino Unido y Escocia, y Canadá y Quebec”. Dicho queda.

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