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    El mes de septiembre del año 1977 empezó mi militancia política. Esta página recoge los artículos e intervenciones públicas que he ido haciendo a lo largo de los años.
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¿Y ahora qué?

¿Y AHORA QUÉ?
EL PAÍS, 23.09.14

El pasado viernes, el Parlament de Cataluña aprobó la ley de consultas populares no referendarias con el amplio apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP. Los socialistas catalanes hemos votado la ley porque creemos que hay que revitalizar la democracia abriendo espacios de deliberación ciudadana. Es la misma voluntad, por ejemplo, que guía el anteproyecto de ley andaluza de participación ciudadana, que en su artículo 23 dice lo siguiente: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las Administraciones Públicas andaluzas podrán convocar y realizar, en el ámbito de sus competencias y en los términos que se regulen reglamentariamente, procesos de participación ciudadana mediante cualquier instrumento de consulta popular cuando consideren oportuno conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas, ya sea para valorar los efectos reales de las mismas o para adoptar decisiones sobre ellas”.

Lamentablemente, el president Mas, obligado por el acuerdo al que llegó con ERC, ICV-EUiA y la CUP, pretende utilizar la ley catalana de consultas populares no referendarias para convocar una consulta formulando una pregunta propia de un referéndum. Llegado este momento, es obvio que el Gobierno de España, en uso de sus atribuciones, pedirá al Tribunal Constitucional la inmediata suspensión del decreto de convocatoria de la consulta y seguramente también la de la ley en que se ampara. Enric Fossas escribió el viernes en EL PAÍS un artículo absolutamente esclarecedor sobre esta cuestión.

En este supuesto, desde mi punto de vista, lo que habrá que hacer es dejar en suspenso los preparativos de dicha consulta y esperar la decisión definitiva del alto tribunal, que dará o quitará razones a unos y otros. Solo entonces podremos ajustar a su resolución las decisiones tomadas estos días. No me imagino que un responsable político, y máxime si ejerce responsabilidades de gobierno, piense siquiera en otra línea de conducta.

Es obvio que ni la suspensión de la consulta ni la eventual anulación definitiva de la convocatoria y la ley en que se sustenta resuelven el problema de fondo, que no es otro que la necesidad de dar cauce político y democrático al profundo malestar de importantes sectores de la sociedad catalana sobre la actual relación de Cataluña con el resto de España. No hay más que ver el seguimiento de las movilizaciones con motivo de la Diada Nacional en los últimos años y recientes resultados electorales para calibrar el alcance de ese malestar.

Es evidente que así no podemos seguir; y también lo es para mí que no habrá solución estable al problema de fondo que no pase por dar la palabra a la ciudadanía. Las razones del malestar son profundas y tienen que ver con una severa crisis de sistema que requiere de una revolución democrática en toda España. Pero si nos ceñimos estrictamente a las relaciones entre Cataluña y el resto de España, el actual malestar trae causa de la sentencia del Tribunal Constitucional que alteró el Estatuto de Cataluña que, tras haber sido aprobado por mayoría absoluta por las Cortes Generales, fue sometido a referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Resulta imprescindible superar esa anomalía democrática a través de un nuevo pacto político que deberá, a su vez, ser sometido a referéndum de la ciudadanía.

La solución al problema de fondo solo puede venir a través de la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Un diálogo que deben protagonizar los presidentes Mas y Rajoy. Un diálogo al que los socialistas les urgimos, y al que estamos dispuestos a aportar nuestras propuestas. El presidente Rajoy no debe olvidar que han sido políticas y actuaciones de su partido las que más han contribuido al actual malestar catalán (¿recuerda el PP su cruzada contra el nuevo Estatuto?) y no debe abdicar de su responsabilidad como presidente del Gobierno de España, que no se agota en cumplir y exigir el cumplimiento de la ley, sino que debe procurar la solución de un problema tan delicado como el que nos ocupa.

Por su parte, el president Mas debe rectificar una estrategia basada en decisiones unilaterales que no llevan a ninguna parte. Confío en que el periodo que se abrirá tras la más que previsible suspensión cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional pueda servir para que dialoguen los Gobiernos. Por ello exijo a los presidentes Rajoy y Mas el diálogo, que no se atrincheren en sus razones, que no busquen excusas en los errores de la otra parte, que abandonen cálculos partidistas y electorales, que no esperen a que se llegue a un punto sin retorno, que nos eviten un enfrentamiento sin sentido que a todos perjudicaría.

Por nuestra parte los socialistas catalanes insistimos en la necesidad de una reforma constitucional federal que deberá ser sometida a referéndum. Una reforma que contemple, al menos, las siguientes cuestiones:

1. La definición de España como Estado federal.

2. El reconocimiento de que España es una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones.

3. La definición precisa de las competencias del Estado y de las pautas sobre su ejercicio y la atribución de todas las demás competencias a las autonomías.

4. El reconocimiento de una asimetría competencial que atienda a los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes.

5. La consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia.

6. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las autonomías.

7. La descentralización efectiva del Poder Judicial.

8. La transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los Gobiernos autónomos.

Hay quien piensa que una reforma de tal calado es imposible y que quizá resulte más sencillo buscar un encaje singular de Cataluña introduciendo en nuestra Constitución una disposición adicional específica. Estamos dispuestos a hablar de ello. Pero a lo que no estamos dispuestos es a cruzarnos de brazos mientras se arruina el mejor periodo de nuestra historia en común.

La reciente experiencia del referéndum escocés proporciona buenas pistas para resolver el problema: un mecanismo democrático de consulta o ratificación en las urnas; una oferta ambiciosa de pacto inspirada en las técnicas federales; un despliegue de reconocimiento y afecto adaptado al carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España; y, para empezar, una disposición proactiva e inteligente al diálogo y la negociación necesarios.

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Federalismo necesario

Federalismo necesario

EL PAÍS, 1.08.14

El 6 de diciembre de 2004, para conmemorar el 26º aniversario de la Constitución española, publiqué en las páginas de este diario un artículo titulado ¿Es el federalismo cosa de ingenuos? Resulta muy ilustrativo releerlo hoy, teniendo en cuenta que dos años después se aprobaba el nuevo Estatuto de Autonomía; que seis años después, el Tribunal Constitucional aprobaba la sentencia que iba a alterar el Estatuto ya refrendado por los catalanes; y que 10 años después, muchos catalanes cuestionan radicalmente el actual marco de relaciones entre Cataluña y el resto de España. La tesis de fondo del artículo sigue vigente.

Cito literalmente: “¿Por qué el federalismo incomoda tanto a los nacionalistas catalanes como a los nacionalistas españoles? ¿Por qué unos nos ven como traidores y otros como botiflers? Parece evidente que nuestra traición consiste en estar convencidos de que ni Cataluña ni España son identidades nacionales homogéneas, y de que dos o más naciones pueden convivir fraternalmente en un mismo Estado. Para un nacionalista, a una nación corresponde un Estado y a un Estado corresponde una sola nación, y toda nación debe procurar obsesivamente su homogeneidad interna. Solo hay que ver cómo fruncen el ceño unos y otros cuando escuchan que España es una nación de naciones. O que Cataluña es una nación que comparte Estado con otras naciones y comunidades autónomas”.

Soy consciente de que el concepto nación de naciones es cuestionado por muchos tanto en Cataluña como en el resto de España. Vale la pena recordar que tampoco fue precisamente pacífica la incorporación del término nacionalidades a la Constitución de 1978. Por ello quiero recuperar dos citas de autoridad del socialista leonés Anselmo Carretero, citado siempre por Pasqual Maragall como inexcusable referencia federalista. Decía Carretero: “El concepto de nación de naciones no es un dislate como suelen creer la mayoría de los juristas. Lo realmente insensato es empeñarse en imponer a los pueblos de España una estructura constitucional contraria a su propia naturaleza”. A él también corresponde la frase: “Si España es una nación de naciones, la estructura del Estado a ella adecuado es naturalmente la federal, que permita y garantice el desarrollo de cada uno de sus pueblos dentro del conjunto, y el fortalecimiento de este con el de sus diversas partes”.

De mi artículo de 2004 recupero de forma literal otros dos párrafos: “Federalismo viene de pacto. Y es precisamente ese concepto de pacto el que incomoda a los nacionalistas. ¿Se pueden pactar temas tan sensibles como el de las banderas, los himnos, los símbolos, las lenguas o las selecciones deportivas? Nosotros estamos convencidos de que sí. Los nacionalistas no solo están convencidos de lo contrario, sino que se alimentan del conflicto y consideran traidores a quienes están dispuestos a explorar el difícil camino del acuerdo. Olvidando que, por difícil que sea el camino del acuerdo, la vía del conflicto solo conduce al desastre”.

“El federalismo es unión y libertad, una filosofía política de fraternidad que se propone evitar el enfrentamiento entre sentimientos nacionales de distinto signo, la estéril discusión sobre soberanías originarias y una confrontación identitaria excluyente, para poder alcanzar un acuerdo político-institucional que haga posible el respeto y la lealtad recíprocas. El federalismo es una guía de soluciones prácticas a los problemas planteados por estructuras políticas complejas, especialmente las integradas por diversas realidades nacionales, y un conjunto de mecanismos para poner en práctica el principio de subsidiariedad”.

Diez años después sigo defendiendo una solución de tipo federal por cuatro razones: 1. Por coherencia con los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. 2. Porque se ajusta bien al mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas en el que vivimos. 3. Porque evita el choque de identidades y la fractura de la sociedad en función de los diversos sentimientos de autoidentificación nacional de las personas. 4. Porque se basa en el diálogo, la negociación y el pacto.

Los socialistas catalanes hemos formulado una propuesta de reforma constitucional federal que puede resumirse de forma casi telegráfica en ocho puntos:

1. La definición de España como Estado federal. 2. El reconocimiento de que España es una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones. 3. La definición precisa de las competencias del Estado y de las pautas sobre su ejercicio y la atribución de todas las demás competencias a las autonomías. 4. El reconocimiento de una asimetría competencial que atienda a los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes. 5. La consideración de los temas lingüísticos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia. 6. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las autonomías. 7. La descentralización efectiva del Poder Judicial. 8. La transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los Gobiernos autónomos.

A partir de nuestra propuesta y de otras muchas aportaciones, entre las que cabe destacar de forma especial el documento Por una reforma federal del Estado autonómico, impulsado desde la Fundación Alfonso Perales, los socialistas de toda España hemos alcanzado un gran acuerdo en Granada plasmado en el documento Hacia una estructura federal del Estado. (Estos y otros muchos documentos se pueden encontrar en mi web http://www.reformafederal.info/).

Se trata de una propuesta abierta al debate, que deberemos contrastar con el resto de fuerzas políticas. No pretendemos imponer nada a nadie, pero no queremos soslayar un grave problema político, probablemente el mayor al que se haya enfrentado la democracia española.

Nadie puede negar el significativo malestar causado en Cataluña por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, la percepción de maltrato económico y fiscal, la erosión del autogobierno y sus competencias, la ausencia de mecanismos de participación en la formación de la voluntad estatal como un Senado federal, y el insuficiente reconocimiento de la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España. Insisto, 10 años después, en la necesidad de un gran pacto que aborde estos problemas; un pacto que, lógicamente, deberá someterse al referéndum de la ciudadanía. Solo así podremos superar un grave desencuentro en el que todos tenemos mucho que perder y nada que ganar.

Sensatez federal o choque de trenes

Hoy, en el marco del dossier “La solución federal“, El País en su edición valenciana me publica el artículo que encontraréis transcrito a continuación.

SENSATEZ FEDERAL O CHOQUE DE TRENES
EL PAÍS, COMUNIDAD VALENCIANA, DOSSIER “LA SOLUCIÓN FEDERAL”, 9.10.12

La legislatura del Parlament de Catalunya ha acabado dos años antes de lo previsto con la votación ampliamente mayoritaria (de 84 votos sobre 135) de la siguiente resolución: “El Parlament constata la necesidad de que el pueblo de Catalunya pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo, e insta al Govern a hacer una consulta prioritariamente durante la próxima legislatura”. Poco antes se produjo la negativa del presidente Mariano Rajoy de entrar siquiera a negociar la propuesta de concierto económico planteada por el president Mas con el aval de una mayoría igualmente amplia del Parlament. Todo ello precedido por una masiva manifestación celebrada con motivo de la Diada Nacional de Catalunya bajo el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”.

Hace ya mucho tiempo los presidentes Maragall y Montilla alertaron, sin obtener respuesta alguna, de un desafecto creciente de Catalunya hacia España, y la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya por más de 2/3 de sus miembros, negociado en el Congreso de los Diputados, aprobado por mayoría absoluta de las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, fue recibida por muchos como la confirmación de que las ansias de autogobierno de buena parte de los catalanes no cabían ya en la Constitución.

A ello hay que añadir la sensación de injusticia sobre las inversiones públicas del Estado en Catalunya, la acumulación de incumplimientos por parte de los sucesivos Gobiernos de España del modelo de financiación acordado a partir de lo dispuesto en el nuevo Estatuto, la falta de sensibilidad sobre la realidad pluricultural y pluringüística de España, y la ofensiva recentralizadora del gobierno del PP que ha afectado muy recientemente a aspectos tan sensibles como la educación.

La nueva financiación acordada en 2009, que pretendía atajar el creciente malestar fiscal catalán, ha sido incapaz de garantizar el principio de ordinalidad, puesto que Catalunya sigue perdiendo posiciones en la clasificación de las CC.AA. en función de sus respectivos ingresos disponibles per cápita una vez aplicados los mecanismos de solidaridad y nivelación. Además, la percepción de un exagerado déficit fiscal se ha visto agravada con motivo de la crisis económica.

Todo ello configura un escenario en el que resulta muy fácil afirmar que “España no nos quiere” o que “ni siquiera se nos respeta como catalanes”. Y como en materia de sentimientos todo es muy discutible, baste con decir que para muchos catalanes el Estado español ha dejado de defender y representar sus intereses, cuando no lo consideran como directamente hostil.

Así se explica el incremento del número de personas que optaría por la independencia y el cambio radical de perspectiva política del nacionalismo conservador gobernante que, hasta hace bien poco, no cuestionaba el marco estatal español, y ahora abraza sin reservas el derecho de autodeterminación y la construcción de un “Estado propio”.

Personalmente estoy convencido de que la independencia no es la solución, pero también de que así no podemos seguir y que sólo una propuesta federal ambiciosa y sensata, coherente con el marco de soberanías compartidas de la Unión Europea y las interdependencias crecientes de la economía global, puede evitar el choque de trenes.

Creo que España debe convertirse en un Estado federal que reconozca su realidad plural y diversa, a través de una reforma de la Constitución acordada con generosidad, inteligencia y valentía, para conseguir que Catalunya se sienta cómoda en él, tan cómoda como el Estado Libre de Baviera se encuentra en la República Federal Alemana, combinando técnicas federales que se ajusten a la asimetría ya presente en el Estado de las Autonomías, con técnicas bilaterales que den solución a problemas concretos.

La reforma constitucional debe ampliar el autogobierno de Catalunya, asumir un pacto fiscal como el propuesto por el PSC (que no es un concierto económico) y asegurar el respeto a la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística del Estado, rechazando de plano propuestas unilaterales que vulneren la legalidad, pero combatiendo también todo inmovilismo que sólo conduce a la ruptura. Lógicamente dicha reforma deberá ser finalmente refrendada por la ciudadanía.

En el marco de esa negociación debe contemplarse también la regulación de un eventual referéndum sobre la independencia, hoy día imposible en el marco legal español. En este terreno debemos excluir tanto las iniciativas unilaterales como las que lisa y llanamente vulneren la legalidad, pero también debemos combatir la negativa a proporcionar un cauce democrático para que, en determinados supuestos y condiciones, pueda expresarse la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya al respecto. El marco de la “Ley de claridad” canadiense puede proporcionar pistas sobre cómo hacerlo. También así se demostrará que esto del federalismo va por fin en serio.

Entrevista en El País

“Plantear alternativas al PSC es prematuro”

M. NOGUER / C. BLANCHAR  –  Barcelona

EL PAÍS  –  España – 02-12-2010

Los socialistas catalanes acaban de sufrir una derrota histórica al perder 230.000 votos y nueve escaños en el Parlamento de Cataluña. El siguiente round son las municipales de mayo y en otoño un congreso para relevar a José Montilla y reformar el partido.

Pregunta. ¿Fue erróneo repetir el tripartito como dice el PSOE?

Respuesta. Hicimos una apuesta estratégica por el tripartito hace tiempo. Pactamos con ERC e ICV en el Senado y queríamos gobernar juntos al menos dos mandatos. No fue un error.

P. Ustedes atribuyen parte de su derrota a los recortes de Zapatero. El PSOE, no.

R. Entonces supongo que piensan que los 13 puntos de ventaja que el PP le lleva al PSOE también son culpa de la deriva nacionalista del PSC…

P. Pero hay descontento con las medidas de Zapatero.

R. Nunca hay una única causa en una derrota tan importante. La crisis es la primera causa y tiene efectos diversos: uno de ellos es que el electorado progresista no entiende las medidas de ajuste, aunque estas deben hacerse. La crisis erosiona a todos los gobiernos y promueve giros a la derecha. En Cataluña, el repliegue también da alas a las fuerzas soberanistas, que creen que fuera de España les iría mejor.

P. ¿Enumeraría tres errores del tripartito?

R. El Gobierno catalán no ha sabido explicar lo que ha hecho y es frustrante. Dos, no ha habido un relato común de los tres partidos del Gobierno, típico en las coaliciones. Y tres, a veces el Gobierno no ha sido capaz de asumir responsabilidades inmediatas.

P. ¿Falta, pues, de liderazgo?

R. No. El presidente Montilla sí ha tenido discurso.

P. ¿Cómo ve plantear alternativas al PSC con nuevas alianzas de sectores progresistas como parece que plantea Antoni Castells?

R. No tengo noticia de ningún planteamiento. Sería prematuro. No se puede decir que hay que renovar el PSC y al mismo tiempo embarcarse en aventuras de alianzas o estrategias políticas. Todos los partidos de izquierdas europeos estamos en una profunda reflexión.

P. El consejero Antoni Castells habla de un nuevo proyecto…

R. En Cataluña los ha habido: el tripartito es una alianza de izquierdas y en muchos ayuntamientos así es. Veo difícil que compartan proyecto fuerzas de izquierda que quieren la independencia con otras fuerzas que no.

P. ¿El proyecto del PSC debe ser revisado al margen del PSOE?

R. El PSC debe tener un proyecto autónomo. Lo que define el PSC no es su relación con el PSOE, sino su proyecto para Cataluña. Y dentro de estas propuestas figura que el autogobierno de Cataluña puede y debe enmarcarse en España. Nuestro aliado en España es el PSOE.

P. ¿Zapatero será la próxima víctima de la crisis?

R. No necesariamente. Las generales están lejos y el Gobierno está haciendo lo que debe hacer para afrontar la crisis.

P. Montilla se va.

R. No son solo las personas. Es el discurso, las bases de actuación, todo. Ojalá que el problema del PSC fuera solo de liderazgo. Pocas veces he visto que se asuma la derrota con la rotundidad y la celeridad con la que lo ha hecho el presidente Montilla. Hoy tiene más autoridad que nunca.

P. ¿Usted dará un paso más?

R. Hasta el congreso no me lo plantearé.

P. Hablan de relevo generacional. ¿Hablan de Carme Chacón?

R. Tenemos dónde elegir y hay gente de la talla política y de la proyección de Carme Chacón. Pero para el PSC tener personas en papeles destacados en la política española es estratégico.

Debe reforzarse el pacto constitucional

“Debe reforzarse el pacto constitucional”

EL PAÍS  –  España – 04-07-2010

El Partit dels Socialistes de Catalunya esbozó su hoja de ruta horas después de la sentencia, en boca de su primer secretario y presidente de la Generalitat, José Montilla: lo recortado por el Estatuto debe ganarse ahora ley por ley. Así lo reitera Miquel Iceta, el portavoz del partido: “Defenderemos recuperar íntegramente el Estatut que pactaron el Parlament y las Cortes Generales y que fue ratificado por los ciudadanos de Catalunya, y desplegar en plenitud su potencial de autogobierno”.

Para lograr su objetivo, los socialistas saben que deben contar con el PSOE, aunque la sintonía dentro del partido no es la mejor dado el optimismo con el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido la sentencia. Los socialistas catalanes deben hacer equilibrios para aunar un discurso coherente para el PSOE y para sus socios en el tripartito, más belicosos con Zapatero. Pese a todo, Iceta está confiado en recuperar lo perdido con el fallo “a través del acuerdo político, de la cooperación institucional, las actuaciones de gobierno y las reformas legales precisas que se deriven del análisis riguroso de la sentencia”. Cualquier interpretación deberá esperar al texto íntegro de la sentencia, aunque Iceta tiene claro la prioridad: “Debe rehacerse el pacto estatutario y reforzarse el pacto constitucional”.

Donde discrepa abiertamente de Zapatero es en diagnosticar si el Estatuto marca el techo del autogobierno, tal como consideró el presidente. “No, la Constitución es abierta en este punto y lo es de forma expresa”. Iceta cree que el pacto constitucional no está roto, sino que “la sentencia se basa en una interpretación restrictiva” de este acuerdo. “Debe ser superada por una interpretación acorde con el espíritu amplio y generoso que hizo posible la Constitución de 1978”, apostilla.

Entrevista en El País

“Las encuestas no vaticinaron la victoria de Maragall”
MIQUEL NOGUER  –  Barcelona
EL PAÍS – 29-03-2010

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) cerró anoche el periodo de presentación de candidaturas a la Generalitat sin que constara que nadie, más allá de José Montilla, haya dado un paso al frente. El viceprimer secretario del partido, Miquel Iceta (Barcelona, 1960) se muestra convencido de poder vencer los malos augurios de las encuestas electorales pese a la crisis económica.

Pregunta. Las encuestas insisten en que el PSC sigue en segunda posición, muy distanciado de Convergència i Unió. ¿Han sido incapaces de aprovechar los réditos de siete años en el Gobierno?
Respuesta. Otras veces también íbamos segundos. Ninguna encuesta dijo que ganaría Montilla y en tampoco ninguna encuesta vaticinó que ganaría Maragall, y ganó. Pero vamos segundos y no se puede negar. Los motivos son diversos, pero el principal es la crisis, que afecta a todos los gobiernos y en especial al electorado progresista.

P. No es halagüeño que los encuestados sitúen a Artur Mas y no a Montilla como el mejor capacitado para salir de la crisis.
R. Los ciudadanos tienden a responsabilizar a los gobiernos de lo que pasa y ahora debemos demostrar que estamos haciendo lo que toca contra la crisis y que podemos afrontar la recuperación.

P. ¿El proyecto del PSC ha quedado demasiado difuminado en el tripartito?
R. El PSC tiene la presidencia de la Generalitat y eso es muy importante, pero es cierto que en un gobierno de coalición todos deben renunciar a algo. También es cierto que hay elementos de desgaste, el último el binomio nevada-apagón, aunque es muy coyuntural. Lo que realmente afecta es la crisis y es una situación que, posiblemente, no mejorará en los próximos seis meses, lo que afectará la campaña. Y nuestro electorado es el que más sufre la crisis y el que tiene más motivos para la desmovilización.

P. Están barajando propuestas arriesgadas, incluso liberales, como el copago de la sanidad.
R. Esto no es ser liberal, es realismo. Cuando decimos que no podemos cerrarnos a debatir el copago es porque tenemos el objetivo de mantener este modelo, no como CiU, por ejemplo, que pide reducir a la mitad las indemnizaciones por despido. Una reforma no es necesariamente mala: las pensiones, por ejemplo, se han cambiado dos veces.

P. También plantean pasos atrás. Han hablado de lentificar la ley de dependencia.
R. Esto no es un paso atrás, hay mucha gente que tiene acceso a una prestación que antes no tenía, pero la crisis obliga a ser realista. No se puede engañar a la gente y decir que ataremos los perros con longanizas.

P. De momento, más que proyecto, el PSC lo apuesta todo a la seriedad de Montilla para ganar las elecciones. ¿La seriedad no debería darse por hecha?
R. Depende. Tenemos la suerte de haber tenido un presidente que llamó crisis a la crisis antes que otros. Y ahora ha dicho que con él no habrá aventuras y no ha abonado fenómenos como las consultas soberanistas.

P. ¿No es muy paradójico que sólo ICV reivindique el tripartito?
R. Nosotros consideramos que los dos gobiernos han sido un acierto, pero vamos a las elecciones con voluntad de tener un apoyo lo suficientemente amplio para gobernar sin ataduras.

P. Siempre hablan de las ataduras. ¿Qué ha dejado de hacer el PSC por culpa de sus socios?
R. Si algo realmente importante de nuestro programa hubiese quedado hipotecado no habríamos hecho el pacto.

P. Se lo preguntaré de otra forma. ¿Qué quiere hacer el PSC que sólo pueda hacerlo gobernando en solitario?
R. No haremos nunca nada, por ejemplo, que cuestione el entendimiento entre Cataluña y España.

P. Pues gobiernan con ERC, que ya ha dicho que no hay nada que hacer con España.
R. Sí, pero esto no está en el programa del gobierno y el Gobierno de Cataluña no ha hecho nada para romper con España.

P. Por tanto, entenderá que el electorado de ERC dé la espalda a Puigcercós, porque no ha actuado como independentista.
R. En Cataluña hay un independentismo muy inteligente que sabe que para que se dé la independencia primero tiene que convencer a la mayoría y sabe que la estrategia independentista de ERC no pasa por romper de hoy para mañana.

P. ¿Echa en falta mayor compromiso del Gobierno y de Zapatero con Cataluña?
R. La izquierda española ha demostrado que puede entender la realidad de Cataluña. ¿Siempre y en todo lugar? Eso es otra cosa, pero en cualquier caso ha hecho el Estatuto que los catalanes han votado. El otro gran partido, el PP no sólo no ha hecho esto, sino que lo ha recurrido. Y CiU, por raro que parezca sigue sin descartarlo como posible socio.

P. Mantiene que el PSC está preparado para gobernar Cataluña. ¿Está tan convencido de que también está preparado para perder el Gobierno?
R. Claro. Puede parecer una broma, pero si alguien tiene experiencia de oposición en el Parlament es el PSC. Estuvimos allí 23 años. Estamos dispuestos a aceptar el veredicto de los ciudadanos y esperamos que sea favorable.

Razones que atender

RAZONES QUE ATENDER

El País, 27.08.08

El paréntesis veraniego no ha servido ni para enfriar el debate sobre la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica ni para clarificar sus términos. Más bien todo lo contrario. Y a todos conviene que éste sea un debate argumentado y sereno.

Dos principios básicos que son aceptados con carácter general, que los presidentes de las comunidades autónomas tienen como principal función defender los intereses de sus respectivas comunidades y que los Estatutos de autonomía son leyes que deben cumplirse, parecen ser para algunos inaceptables cuando se trata de Cataluña.

En este sentido, la actitud del presidente Montilla con respecto a la defensa de los intereses de Cataluña y de su Estatuto es idéntica a la expresada por Manuel Chaves en el debate que le invistió nuevamente como presidente de la Junta de Andalucía cuando dijo: “En todo aquello que tiene que ver con la defensa del Estatuto, que es tanto como decir la defensa de Andalucía, seremos, como siempre, exigentes. Es la posición que hemos mantenido en todo momento, en defensa de los intereses de nuestra comunidad y que no demanda ningún privilegio, sino que aspira a mantener una posición de mutua lealtad institucional”.

Estamos inmersos en este debate no sólo porque así lo determina el Estatuto de autonomía de Cataluña, sino por el evidente fracaso del actual sistema, pactado entre los gobiernos del PP y CiU, acuerdo al que después se sumaron todas las comunidades autónomas, aunque algunos denunciásemos el profundo error que suponía una solución que se presentaba como definitiva y que, por no tener, siquiera tenía cláusulas de revisión ni mecanismos de actualización.

Conviene también relativizar el encarnizado debate sobre el carácter bilateral o multilateral de la negociación. ¿Tan mala memoria tenemos como para haber olvidado que tanto la cesión del 15% del IRPF como la posterior cesión del 30% del IRPF fueron negociadas primero por los gobiernos del PSOE y del PP con el Gobierno catalán, para luego ser acordadas con las demás comunidades autónomas? ¿Tanto se desconoce la mecánica institucional como para ignorar que la plena eficacia de los acuerdos tomados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera requiere de la ratificación por parte de las comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas?

No poca polémica han suscitado los contactos entre las comunidades autónomas para compartir criterios sobre el nuevo sistema. Como la cumbre de consejeros de seis autonomías que, convocados al parecer para reafirmar el criterio según el cual “pagan las personas y no los territorios”, resolvieron que el peso de la variable de población para determinar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas no debería superar en ningún caso el 80%. Si pagan las personas y no los territorios, ¿por qué no reclamar que el peso de la población sea del 100%?

Precisamente, se pone a las personas en el centro del sistema cuando se reclama que los mecanismos de nivelación actúen sobre los servicios universales del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). O cuando se preserva la caja única de la Seguridad Social, que sufraga pensiones y seguro de desempleo. O cuando se piden más recursos para desarrollar la Ley de la Dependencia.

Tampoco tiene mucho sentido reservar un porcentaje fijo de recursos para una Administración determinada, pues cada nivel de gobierno debe gestionar el volumen de recursos adecuado a sus competencias y el nuevo sistema debe hacer transparente el hecho de que los ciudadanos pagan impuestos a ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado para que cada uno haga frente a las responsabilidades que le atribuyen la Constitución, los Estatutos de autonomía y las leyes.

Afortunadamente, la publicación de las balanzas fiscales ha disipado el argumento sobre una pretendida insolidaridad catalana. No cabe la insolidaridad ni el privilegio en el régimen común de financiación autonómica. Precisamente, una adecuada reforma del sistema vigente evitaría alentar un proceso de radicalización que llevase a muchos a reclamar el concierto económico para Cataluña. Un sistema que los socialistas catalanes hemos rechazado siempre.

La reivindicación catalana de un nuevo modelo de financiación tiene dos razones de fondo. La primera, compartida con otras comunidades, es la falta de recursos de la Generalitat para atender las demandas sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña en ejercicio de sus competencias. Uno de los objetivos del nuevo sistema debe ser corregir el desequilibrio producido a lo largo de los años a causa de la diferente evolución de los recursos y los gastos del Estado y las comunidades autónomas, ya que, mientras los recursos del Estado han aumentado a un mayor ritmo que los de las comunidades autónomas, los gastos de éstas han aumentado a un mayor ritmo que los del Estado. La segunda razón es la disfunción creada por los actuales mecanismos de nivelación y solidaridad, que penalizan a las comunidades que realizan una mayor contribución fiscal. Los mecanismos de nivelación han de reducir distancias, pero no invertir posiciones. Es insostenible la actual situación en que Cataluña puede destinar menos recursos por persona para atender la sanidad, la educación o los servicios sociales que otras comunidades que contribuyen menos al sistema. Debemos acabar con esa injusticia.

Ha sorprendido a algunos la reacción catalana unitaria y contundente a la propuesta avanzada por el Gobierno de España. El carácter unitario se explica porque se trata de exigir el cumplimiento del Estatuto, acordado entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales, aprobado por éstas y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y la contundencia se explica por el carácter incompleto, “infraestatutario”, por utilizar el calificativo que usó el presidente Montilla, de la propuesta formulada por el ministro Solbes que no recoge de forma expresa elementos que sí figuran en el Estatuto. Cito cuatro que me parecen especialmente significativos:

a) Impulsar la creación de un consorcio o ente equivalente en el que participen de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña para desarrollar las tareas previstas en el artículo 204 del EAC.

b) Contemplar los costes diferenciales y el porcentaje de población inmigrante como criterios para determinar las necesidades de gasto. (Art. 206.1 EAC).

c) Incorporar a los mecanismos de nivelación la exigencia de que las comunidades autónomas desarrollen un esfuerzo fiscal similar. (Art. 206.3 EAC).

d) Incorporar la necesidad de que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición relativa de las comunidades autónomas ordenadas en función de sus respectivas rentas per cápita. (Art. 206.5)

Los socialistas catalanes somos conscientes tanto de la dificultad del acuerdo como de que es imprescindible alcanzarlo para que el nuevo sistema sea operativo el 1 de enero de 2009. Para conseguirlo, contamos con la firmeza del presidente Montilla y de su gobierno, la colaboración de CiU, la solvencia de Solbes y de Castells, y la palabra de Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno que hizo posible la aprobación del Estatuto, la devolución de los papeles de Salamanca, el reconocimiento institucional de la lengua catalana en Europa, el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, la aprobación de la Carta Municipal de Barcelona, o el acuerdo sobre inversiones del Estado en Cataluña en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto.

Nuestro único objetivo es lograr un sistema de financiación justo. Somos conscientes de que algunos piden que tensemos la cuerda con el único objetivo de que se rompa, pero no serán quienes aceptaron el anterior modelo quienes hoy puedan darnos lecciones de firmeza. Como tampoco aceptaremos que se nos pida por una responsabilidad mal entendida que abandonemos la defensa del Estatuto y de lo que consideramos justo.