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    El mes de septiembre del año 1977 empezó mi militancia política. Esta página recoge los artículos e intervenciones públicas que he ido haciendo a lo largo de los años.
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Memorándum urgente para los presidentes Mas y Rajoy

MEMORÁNDUM URGENTE PARA LOS PRESIDENTES MAS Y RAJOY (30.11.14)

Estimados presidentes,

La jornada del 9 de noviembre ha marcado otro hito en la cadena de desencuentros de los gobiernos español y catalán. Si el 9-N ha puesto claramente de manifiesto que el sentimientoindependentista, aun siendo muy significativo, no es mayoritario, también ha reflejado, una vez más, la insatisfacción profunda de una parte importante de la sociedad catalana con respecto a la actual relación entre Catalunya y el resto de España.

El paso del tiempo ha demostrado que el problema, lejos de desaparecer, se va enconando y el margen para solucionarlo, lejos de ampliarse, se va estrechando. La querella presentada contra el ‘president‘ de la Generalitat es el último y más grave episodio de un desencuentro que, de persistir, solo puede conducir a un enfrentamiento del que no puede derivarse beneficio alguno para nadie.

No es posible seguir así ni aparentar que no pasa nada ni pensar que por el mero hecho de apelar al cumplimiento de la ley el problema se resolverá por si solo. Por ello quisiera emplazarles una vez más, como máximos responsables de los gobiernos de Catalunya y España, a retomar de inmediato el diálogo político y la colaboración institucional para encauzar el problema y abrir el camino a un acuerdo.

Para ello, les sugiero una agenda de temas e instrumentos para acercar posiciones e ir solventando cuestiones relevantes que pueden desbrozar el camino del necesario acuerdo.

1. Los gobiernos de España y Catalunya, desde la lealtad mutua y la voluntad recíproca de acuerdo, deberían abrir, en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, una negociación sobre el documento de 23 puntos presentado por el presidente Mas al presidente Rajoy el pasado 30 de julio.

2. Es necesario revisar, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la distribución del esfuerzo de reducción del déficit público entre los tres niveles de la Administración que está sometiendo a una presión insoportable al conjunto de lasComunidades Autónomas y a los ayuntamientos. Dicha revisión debería también contemplar la posibilidad de negociar con lasinstituciones europeas una flexibilización de los plazos y objetivos de déficit.

3. Debe procederse de forma inmediata, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y para su examen por la conferencia de presidentes, a la evaluación del vigente modelo de financiación autonómica cuya revisión debería haber entrado en vigor el pasado 1 de enero.

4. Es conveniente, en todo caso, convocar con carácter urgente una conferencia de presidentes que pueda adoptar medidas para reactivar la economía y el empleo que impliquen al conjunto de las Administraciones Públicas.

5. Debe crearse con carácter inmediato, en el marco de la comisión constitucional del Congreso, un espacio de deliberación sobre los contenidos de una reforma constitucional que, además de fortalecer el sistema de derechos y libertades, modernizar algunas instituciones de nuestra democracia y favorecer la participación ciudadana, aborde en su integridad los problemas del Estado de las Autonomías constatados tras 35 años de vigencia de la Constitución, mejore su funcionamiento y su financiación, asegure la igualdad de derechos de los ciudadanos, sea cual sea el territorio en el que vivan y que sirva también para dar respuesta a la singularidad de Catalunya y su reconocimiento.

A ese debate deben ser convocados los grupos parlamentarios, las instituciones del Estado, las Comunidades Autónomas y expertos en la materia.

Hace tiempo que muchos estamos convencidos de que una reforma constitucional de corte federal puede, a la vez, solucionar los problemas de la actual estructura territorial española y satisfacer las demandas de autogobierno y de reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado que se vienen expresando en Catalunya desde la que el Tribunal Constitucional alteró a través de una Sentencia el Estatuto votado por mayoría absoluta de las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya.

Quiero emplazarles a retomar el camino del diálogo, la negociación y el pacto como única vía para resolver los problemas y llamamos a partidos e instituciones a hacer propuestas para fortalecer un proyecto común de convivencia, ajustarlo a las nuevas demandas ciudadanas y renovarlo para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo.

El Rey marca el paso

El Rey marca el paso
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 4.06.14

Juan Carlos I ha decidido abdicar en el Príncipe de Asturias y de Girona, que en quince días será Felipe VI . Creo que el Rey ha tomado la decisión correcta. Él ya no podía seguir el desarrollo en plenitud sus funciones y su último servicio ha sido precisamente el de facilitar el relevo y, con él, la profunda renovación de la institución que encarna. Con esta decisión, el Rey señala el camino que deben emprender el conjunto de instituciones españolas, todas ellas afectadas en grados diversos de una crisis que requiere de reformas en profundidad. Lo dijo hace meses Pere Navarro entre el impostado escándalo de algunos y la indiferencia de no pocas personas. Pero señalaba un hecho evidente: hay que renovar el pacto constitucional de 1978.

El rey Juan Carlos fue proclamado jefe del Estado el 22 de noviembre de 1975, pero para los demócratas, la verdadera proclamación fue, precisamente, la aprobación en referendo de la Constitución de 1978, fruto de un importante consenso que obtuvo una ratificación amplísimamente mayoritaria de la ciudadanía. Salvando todas las distancias, creo que Felipe VI se encontrará en una situación similar. Solo una reforma profunda del conjunto de nuestro sistema institucional podrá garantizar la estabilidad de la que hemos disfrutado todos juntos durante el reinado de su padre.

Soy republicano y creo que la elección directa del jefe del Estado por parte de la ciudadanía es la forma más racional de culminar el edificio del Estado democrático. Pero también soy hijo de mi tiempo, y he visto cómo la Monarquía puede constituir un factor de estabilidad y de integración que en absoluto altera el contenido democrático del sistema. Juan Carlos I fue un agente activo en la recuperación de la democracia en nuestro país, su máximo defensor en la negra noche del 23- F, y demostró también, a veces con más inteligencia que muchos responsables políticos, el reconocimiento de la España plural.

Creo, como decía ayer Javier Cercas , que hoy el dilema real al que se enfrenta España no es el de Monarquía o República, sino el de peor o mejor democracia. Y por eso considero que ahora debemos aprovechar la oportunidad de impulsar profundas reformas en nuestro sistema político. No faltan ejemplos de monarquías federales que habrían de iluminar los pasos del nuevo monarca para acompañar la reforma constitucional federal que los socialistas estamos proponiendo desde hace tiempo. Incluso el nacionalismo vasco recupera su vieja idea confederal de pacto con la Corona, viendo con claridad que ahora es el momento de comenzar una nueva etapa política.

Así como hace 300 años Felipe V acabó con las esperanzas de la Catalunya austriacista, ahora Felipe VI tiene la oportunidad de actuar en un sentido muy diferente, acompañando el proceso hacia una verdadera España de todos, lugar de encuentro de diversos pueblos, de las naciones, nacionalidades y regiones que conviven en ella, capaces de compartir un proyecto federal común. Felipe VI, rey de las Españas. ¿Por qué no?

Un sistema electoral para Catalunya

UN SISTEMA ELECTORAL PARA CATALUNYA
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 4.05.14

Catalunya es la única Comunidad Autónoma española que no tiene una ley electoral propia. Nos regimos por una disposición transitoria recogida en el Estatut de 1979, que debía regular solamente las elecciones de 1980, y que fue prorrogada por el Estatut del 2006, en el que se estableció que la aprobación de la ley electoral catalana requiere del apoyo de un mínimo de 2/3 de los miembros del Parlament.

En definitiva, las elecciones catalanas se rigen aún hoy por lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General(LOREG). Parece mentira, y más en un momento en que se pone en primer plano la aspiración a convertirse en un Estado independiente, pero es así La responsabilidad es, sin duda, del conjunto de fuerzas políticas, especialmente de aquellas que hemos tenido un peso parlamentario relevante.

Reforma electoral

Es de justicia recordar que en el 2007 una Comisión de Expertos designada por el Gobierno Maragall entregó al Parlament un informe que, lamentablemente, no condujo a la aprobación de la ley, y que en el Parlament hay registrada desde el 2009 una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por Ciutadans pel Canvi, proponiendo una reforma electoral que obtuvo el apoyo de decenas de miles de ciudadanos. Hasta ahora, y a pesar de los esfuerzos de todas las fuerzas políticas, la ponencia parlamentaria conjunta no ha encontrado una solución que cuente con el consenso necesario.

El ‘president‘ de la Generalitat y el presidente del grupo parlamentario socialista coincidieron en la importancia de trabajar por el consenso y en la conveniencia de explorar las posibilidades de un sistema electoral de representación proporcional personalizada, como el que funciona en la República Federal Alemana, como base para construir un acuerdo. Es con este espíritu que los socialistascatalanes hemos puesto sobre la mesa una propuesta concreta que se puede encontrar en la página web www.lleielectoral.cat.

Elección directa de diputados

¿Qué criterios están en la base de la propuesta que ofrecemos a todos los grupos parlamentarios? En primer lugar, es una propuesta efectivamente inspirada en el sistema electoral alemán, que combina la elección directa de diputados de distrito y una alta proporcionalidad, superior a la del sistema vigente.

En segundo lugar, es una propuesta que respeta el criterio de equilibrio territorial con la creación de 57 distritos electoralesuninominales de base territorial, agrupados en siete demarcaciones electorales (Comarcas de Girona, Terres de Ponent, Tarragona y Ebro, Región metropolitana este, Región metropolitana Oeste y Barcelona-comarca del Barcelonès).

En tercer lugar, es un sistema sencillo de cara a los electores y amplía la capacidad de elección de los ciudadanos, que tienen dos votos, uno para elegir directamente a su diputado de distrito, y otro para votar por la lista del partido que prefieran.

En cuarto lugar, da respuesta a los ciudadanos del Vall d’Aran y los catalanes residentes en el exterior, que reivindican una representación en el Parlament y que, con esta propuesta, elegirían directamente a sus respectivos diputados.

Y, en quinto lugar, su aplicación a los resultados de anteriores elecciones demuestra una gran estabilidad.

Propuesta para el acuerdo

Se trata de una propuesta para el acuerdo y, por tanto, abierta a la discusión y a la mejora. Estamos también abiertos a considerar otras propuestas que se puedan formular, pero no queremos dejar de señalar que, para nosotros, es imprescindible que el nuevo sistema electoral sea más proporcional que el actual, porque seguimos aspirando al mismo valor del voto de todos los ciudadanos, y que consideramos necesario acercar al máximo los diputados a la ciudadanía y que, desde esta perspectiva, la elección directa de diputados en distritos uninominales es una propuesta difícilmente mejorable.

La grave responsabilidad del president Mas

LA GRAVE RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENT MAS
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 13.04.14

El president Mas se enfada cuando se le atribuyen iguales responsabilidades que al presidente Rajoy en el presente callejón sin salida. Ciertamente el PP es el gran responsable, basta con recordar su feroz campaña contra el Estatut, su recurso al Tribunal Constitucional, sus presiones, su pulsión recentralizadora, el Lapao, la ley Wert, la incapacidad congénita a entender la España plural, la falta de disposición real al diálogo, etc., etc. Pero ahora mismo, cuando el president Mas dice que sólo quiere hablar sobre la consulta y el presidente Rajoy dice que está dispuesto a hablar de todo menos de la consulta, las responsabilidades son compartidas.

Esta semana se ha producido el debate y votación en el Congreso de la propuesta aprobada por el Parlament de pedir la transferencia a la Generalitat de la competencia de convocar referendos en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. En 8tv me preguntaron después del debate si los socialistas catalanes nos sentíamos satisfecho . Y lo cierto es que no estamos satisfechos, pero sí reivindicamos que nosotros ya advertimos sobre lo que pasaría. ¡Algunos decidieron ir a Madrid a obtener una negativa y desde luego la consiguieron! ¡Me horroriza pensar que había más diputados del Parlament en el Congreso para recibir una negativa que los que fueron cuando se aprobó el Estatut! El desenlace de esta iniciativa estaba cantado.

Se mire como se mire, la Constitución no contempla ni la secesión ni la celebración de un referéndum de autodeterminación, que es exactamente lo que acordaron CiU, ERC, ICV- EUiA y la CUP con aquella doble pregunta perpetrada el pasado mes de diciembreBasta con leer la reciente sentencia del Tribunal Constitucional aprobada, por cierto, por unanimidad. El derecho a decidir es una aspiración política, no es un derecho en el sentido fuerte de la expresión. Por eso me gusta más hablar de consulta que de derecho a decidir, porque un referéndum consultivo o una consulta es eso, una consulta, y no es una decisión unilateral, como la que la mayoría de los que utilizan la expresión ‘ derecho a decidir ‘ tienen en la cabeza.

Es obvio que los catalanes queremos votar y tendremos que votar. Precisamente porque el proyecto de Estatut que votamos en referéndum en 2006, fue alterado por el Tribunal Constitucional cuatro años más tarde. Y, por tanto, un nuevo pacto que sustituya al Estatuto de 2006 deberá ser votado por la ciudadanía. Sólo así podremos solucionar la anomalía democrática que se produjo.

Aparte de las discusiones jurídicas que correspondan, que nunca aclaran del todo las cosas porque son muy controvertidas, es evidente que hacer una consulta como la que desde Cataluña se reclama exige un acuerdo previo con las instituciones del Estado. Por eso, cada día que pasa es más evidente que el 9 de noviembre no habrá consulta. Las encuestas nos dicen que así lo piensa una mayoría de ciudadanos de Cataluña, y muchos de los impulsores del proceso soberanista lo admiten en privado y algunos, los más valientes, incluso en público. El propio president Mas se está viendo obligado a admitirlo y ya habla de nuevas elecciones anticipadas. Como si no hubiera tenido suficiente con las elecciones anticipadas de 2012 que, lejos de proporcionarle una mayoría excepcional, hicieron que CiU perdiera 12 escaños.

¿Cuáles han sido los errores cometidos por el president Mas hasta hoy? El primero, pretender convocar una consulta en 2014 . Es evidente que un contexto de mayoría absoluta del PP no es el mejor escenario para el acuerdo que necesitamos. La legislatura catalana debería terminar en 2016, mientras las elecciones generales se celebrarán en 2015. ¿Por qué el acuerdo entre Mas y Junqueras no contempló este hecho capital? ¿Por qué se decidieron a poner en marcha una cuenta atrás que tiene todas las posibilidades de fracasar? ¿Querían consulta o querían cargarse de razones para la independencia?

El segundo error fue la declaración soberanista de enero de 2013. Declarar que Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano, era poner el carro delante de los bueyes y lanzar una señal equivocada. Ha dado pie a equiparar consulta con independencia, lo que le resta apoyos a la consulta incluso en la propia Cataluña, y ha proporcionado un argumento de peso a los que no quieren llegar a ningún acuerdo fuera de Cataluña. El tercer error fue fijar de forma unilateral fecha y pregunta para la consulta. A partir de ese momento el acuerdo con las instituciones españolas sobre la consulta se hacía imposible.

Y el cuarto error ha sido llevar al Congreso la solicitud de transferir la competencia exclusiva del Estado en materia de referendos que ya había sido rechazada en varias ocasiones por el Congreso. Incluso cuando fue recogida en el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament de Catalunya, las fuerzas catalanas aceptaron que no figurase finalmente en el texto aprobado por el Congreso y el Senado que fue sometido a referéndum.

En un tema tan sensible como el de la consulta no caben atajos ni subterfugios. Tampoco la ley catalana de consultas no referendarias, que está aparcada en una ponencia que no se reúne desde el 29 de noviembre, podrá servir para hacer una consulta con la pregunta acordada por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP. No nos engañemos ni pretendamos engañar a los ciudadanos: sin acuerdo no habrá consulta, a menos de que el gobierno catalán decidiera embarcarse en un proceso ilegal de consecuencias nefastas para Cataluña. Un proceso del que hay el triste precedente histórico del 6 de octubre de 1934.

El proceso de elaboración de la ley catalana de consultas se está demorando interesadamente para que la aprobación se produzca en septiembre y la convocatoria de la consulta se produzca al día siguiente. Así, el president Mas siempre podrá decir que él ha hecho todo lo posible, sabiendo que el Estado anulará la convocatoria y que, por tanto, la consulta no podrá tener lugar .

Creo que hay que poner el contador a cero e iniciar otro camino. Dudo que el president Mas sea capaz de hacerlo. Y por eso él es hoy el principal responsable del callejón sin salida en el que nos encontramos o de un temerario choque de trenes en el que todos tenemos mucho que perder. Queremos votar, sí. Pero de la forma que se han hecho las cosas hasta ahora no lo conseguiremos. Y de eso el president Mas es el máximo responsable.

Ciento cincuenta punto dos

CIENTO CINCUENTA PUNTO DOS
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 12.01.14

El jueves se votará en el Parlament de Catalunya una propuesta para solicitar al Congreso de los Diputados la transferencia de la competencia para autorizar la convocatoria de referéndums en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución española. Ya me referí a esta cuestión el pasado 24 de noviembre, cuando aún no se había producido el acuerdo entre CiU, ERC, ICV-EUiA y las CUP sobre la fecha y el contenido de la ‘pregunta encadenada’. No he cambiado de opinión al respecto. Al contrario, conocida la pregunta tengo hoy todavía más razones para no apoyar esta iniciativa.

La primera razón es sencilla y, en mi opinión, es la fundamental: esta propuesta no lleva a la consulta; por el contrario, la bloquea .

Recordemos qué dice el artículo 150.2 de la Constitución: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado” (negrita y subrayado son míos).

En efecto, el artículo 149.1.32 de la Constitución establece que “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” es competencia exclusiva del Estado. Pero los patrocinadores de la propuesta ya han fijado la pregunta y el día en que quieren que se celebre la consulta . Recordemos la pregunta encadenada que pretenden hacer: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?”. Y, como si fuera una encuesta, tan solo quienes hayan contestado afirmativamente a la primera pregunta podrán responder a la segunda, “¿Quiere que sea un Estado independiente?”.

Sin entrar a valorar a fondo la pregunta, que tal como señalé en mi artículo “La pregunta, una chapuza” carece de los mínimos de claridad y equidad exigibles, ¿alguien piensa que el Estado transferirá o delegará la competencia para convocar referéndums a la Generalitat para que ésta pueda organizar una consulta que pone directamente en cuestión lo establecido en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española? [Artículo 1.2 : “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”].

A veces se nos recuerda como CiU, PSC , ERC e ICV-EUiA incluimos esta reivindicación en el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament, pero quien lo hace parece olvidar que esta pretensión no quedó finalmente recogida en el texto estatutario aprobado por las Cortes Generales, y olvida también que esta ausencia no fue un obstáculo para que una mayoría de partidos catalanes aceptásemos el proyecto finalmente aprobado (es decir, todos los partidos entonces representados en el Parlament salvo ERC y el PP, que propugnaron el voto negativo en el referéndum estatutario). Aparte de cuestiones formales que siempre son discutibles, la razón de fondo es que ni el PSOE ni mucho menos el PP aceptaban esta pretensión porque consideraban y consideran que la potestad de autorizar la convocatoria de referéndums no espor su propia naturaleza transferible o delegable. Por eso han votado en contra de esta demanda en varias ocasiones en los últimos años. Ni qué decir tiene que la pregunta que se pretende someter a consulta les ha afianzado en su posición, cosa perfectamente previsible o quién sabe si incluso buscada.

Lo he dicho ya en muchas ocasiones: sin acuerdo no habrá consulta, y la fijación unilateral de fecha, pregunta y mecanismo legal para la consulta es hacerla imposible, porque impide alcanzar un acuerdo con las instituciones del Estado.

La segunda razón tiene que ver con el trasfondo de la cuestión. Cuando se quiere llevar al Congreso una iniciativa que se sabe de antemano que será rechazada, ¿cuál es el verdadero objetivo que se busca? Ha habido voces autorizadas que lo han explicado de forma clara y sincera: “Queremos cargarnos de razones a favor de la independencia”. “Que nos digan que no, entonces haremos unas elecciones plebiscitarias para aprobar después una declaración unilateral de independencia”. Más claro, agua.

En estas circunstancias no parece lógico que los que no estamos a favor de la independencia apoyamos una iniciativa condenada al fracaso que sólo servirá de argumento a los que quieren la ruptura. De hecho, ha quedado ya demostrado que a los socialistas sólo nos quiere como convidados de piedra de esta estrategia. Recordemos qué pasó con el documento Rigol que debía sustentar el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Cuando los socialistas estuvimos de acuerdo, el documento fue rápidamente sustituido por una propuesta de resolución parlamentaria que nos dejaba fuera del consenso. O recordemos qué ha pasado con la Comisión parlamentaria de Estudio del Derecho a Decidir. Aquella Comisión que debía ser tan y tan importante? Pues que ni la fecha, ni la pregunta, ni la propuesta que se aprobará el jueves en el Parlament han sido debatidas en ese ámbito. Incluso la propuesta que se votará el jueves en el Parlamento será tramitada en lectura única mostrando una nula voluntad negociadora. Actuando así queda claro que de los socialistas sólo se espera un acto de acatamiento. Y cuando nos negamos, somos tachados de malos catalanes. Hoy, dirigidos por Pere Navarro, como cuando se nos tildaba de traidores con Reventós, Obiols, Serra o Maragall al frente. Es la acusación que hemos recibido siempre que no hemos compartido la estrategia de CiU. Siempre han querido sumergirnos en un unanimismo tan falso como peligroso, y a menudo hemos tenido que nadar contracorriente. Como ahora.

La debilidad parlamentaria de CiU y su supeditación al pacto con ERC han forzado las cosas por medio de una cuenta atrás que tenía como fecha límite el año 2014. Era el precio a pagar por la presidencia, el gobierno y los presupuestos de este año. Había otras alternativas, pero no se han querido ni siquiera explorar. No se quería agotar la legislatura ni esperar a un debilitamiento del PP que hoy goza de una confortable mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Parece que de lo que se trata es de acumular derrotas parciales para luego intentar la victoria final que llevará a la independencia. Particularmente soy totalmente contrario a avalar esta estrategia, no sólo porque no comparto su objetivo final, sino porque entraña un riesgo elevadísimo y unos costes que pueden llegar a ser insoportables para el conjunto de la sociedad catalana .

Ciertamente es una estrategia que cuenta con la inestimable colaboración de Mariano Rajoy que, a pesar de algunas buenas palabras indicando disposición al diálogo, no ha hecho hasta el momento una sola propuesta que permita apuntar hacia un camino de negociación razonable, en abierto contraste con la reforma constitucional federal que proponemos los socialistas. Nunca insistiremos lo suficiente en la irresponsabilidad del PP, que no sólo ha sido una de las causas de la actual desafección entre Cataluña y el resto de España, sino que es absolutamente incapaz de hacer ninguna propuesta que sirva para superar la actual situación.

Por último, hay un tercer motivo que para mí es muy importante. Se trata, precisamente, de la posición decidida democráticamente de forma muy mayoritaria por el Consell Nacional del PSC el pasado 17 de noviembre que queda resumida en esta frase: “Nos reafirmamos en el criterio de votar contra cualquier propuesta o iniciativa legislativa relacionada con la consulta que no haya sido previamente negociada y acordada con el gobierno de España, como ha sido el caso de los únicos antecedentes que podemos considerar de referencia, Reino Unido y Escocia, y Canadá y Quebec”. Dicho queda.

La pregunta, una chapuza

La pregunta, una chapuza

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 14.12.13

Mi opinión sobre la consulta es de sobras conocida y coincide con la posición del PSC: solo habrá consulta legal si hay acuerdo entre gobiernos, y las consultas ilegales, como toda iniciativa unilateral, no llevan a ningún sitio. Mis preferencias son también conocidas: ni quiero seguir así (es decir, sin enmendar el desgarro de la sentencia del TC, sin que se reconozca la singularidad nacional catalana y sin un pacto fiscal justo) ni quiero romper con el resto de España. Para ello se debe impulsar una reforma constitucional federal que sea sometida al voto de los catalanes y del conjunto de los españoles.

Dicho esto, y estando convencido de que la consulta acordada por el president Mas con cuatro grupos parlamentarios no va a celebrarse, y de que la petición de la transferencia a la Generalitat de la competencia de convocar referéndums va a ser rechazada, porque el Congreso de los Diputados no va a acceder a una demanda cuyo objetivo es cuestionar los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española, no creo que sea una pérdida de tiempo analizar la pregunta que pretende someterse a referéndum.

La ‘pregunta encadenada’, así la describió Oriol Junqueras, no es clara e inclusiva, como dijo Artur Mas, sino más bien confusa y fraudulenta, como escribió Joaquim Coll, por las siguientes razones:

1. La primera pregunta no es “clara, sucinta e inequívoca”, como exigen el sentido común y la vigente ley catalana de consultas populares por vía de referéndum. Preguntar sobre la voluntad de que Catalunya sea un “Estado” sin explicitar qué tipo de Estado se pretende construir no es suficientemente claro. Y no hace falta más prueba de que la pregunta no es inequívoca que el hecho de que sus autores se han visto en la necesidad de formular además otra.

2. El hecho de que sólo pueda responderse a la segunda pregunta si se ha votado ‘sí’ a la primera, condiciona el voto de los ciudadanos. Podría haber personas que acaben votando ‘sí’ a la primera pregunta aunque no estén de acuerdo con ella, para poder votar ‘no’ a la segunda. Creo que eso ya descalifica por si solo el sistema de ‘pregunta encadenada’ que, con razón, no se ha producido en ninguna parte del mundo.

3. Una consulta no es una encuesta. Privar del derecho al voto a quienes no hayan votado ‘sí’ a la primera pregunta, es atentar contra su derecho democrático a la participación, pues en un referéndum está llamado a pronunciarse todo el cuerpo electoral y no solo una porción del mismo.

Se menciona el reciente referéndum de Puerto Rico en el que, ciertamente, se formulaban dos preguntas, omitiendo a menudo que todos los ciudadanos podían responder a las dos. Y por cierto, en la segunda pregunta se contemplaban tres opciones, mecanismo idóneo para dar cabida a las ‘terceras vías’. Me sorprenden quienes dicen que en la ‘pregunta encadenada’ cabe el Estado federal aunque no sea mencionado. Permítanme una ironía: más claridad imposible.

Por último, resulta inaudito que quienes han acordado la ‘pregunta encadenada’ defiendan opiniones distintas por lo que se refiere al recuento. Para unos, basta con una victoria del ‘sí’ en la primera y la segunda preguntas, aunque en la segunda la participación sea forzosamente inferior a la registrada en la primera, porque los que hayan votado ‘no’ a la primera quedan excluidos. Así, teóricamente bastaría con un voto afirmativo a la segunda pregunta del 26% del total de votantes para que gane el ‘sí’ a la independencia. Mientras que para otros, la victoria de la independencia requeriría un voto afirmativo a la segunda pregunta del 50%+1 del total de votantes, cosa más razonable.

Es posible que los propios autores de la propuesta, conscientes de que no tiene ninguna posibilidad de verificarse en la práctica, no se hayan esmerado mucho en el empeño. Pero eso es un flaco favor a la causa que dicen defender.

No a los fracasos garantizados

No a los fracasos garantizados

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 14.11.13

Los socialistas de Catalunya estamos convencidos de que el futuro de nuestro país está en manos de nuestros conciudadanos y conciudadanas, que son ellos y ellas los que deben decidir colectivamente sobre su futuro. Creo que este es un criterio ampliamente compartido y que goza de un apoyo parlamentario muy importante, superando los dos tercios de la Cámara catalana. Dicho esto, sería absurdo negar que hay cuestiones que nos separan a unos y otros partidos, tanto sobre el objetivo final a alcanzar, como sobre cómo llegar a él. Mientras hay partidos que quieren la independencia de Catalunya, los socialistas queremos que Catalunya se sienta cómoda en una España federal, tan cómoda como el Estado libre de Baviera se siente dentro de la República Federal de Alemania. Mientras hay partidos que consideran que se puede convocar una consulta sobre la independencia sin acordarlo previamente con las instituciones del Estado, los socialistas defendemos la celebración de una consulta legal y acordada rechazando cualquier iniciativa unilateral que creemos condenada al fracaso.

Por eso dimos apoyo al ‘documento Rigol’ cuando fue presentado en el Parlament y, en cambio, rechazamos la propuesta presentada conjuntamente por CiU , ERC , ICV- EUiA y la CUP. Y no nos hemos cansado de repetir que fijar de forma unilateral la fecha del 2014 para celebrar la consulta dificulta enormemente cualquier negociación y corre el riesgo de generar una inmensa frustración en muchos ciudadanos de nuestro país .

Por todo esto hemos anunciado que no apoyaremos ninguna iniciativa que no haya sido previamente negociada y acordada con el Gobierno de España. Nosotros no queremos para Catalunya ni un choque de trenes ni un callejón sin salida. En un Estado democrático miembro de la Unión Europea es impensable un cambio de fronteras o una transformación profunda de su estructura territorial que no sea fruto de un acuerdo. Nosotros no queremos avalar iniciativas condenadas al fracaso porque no consideramos conveniente que Catalunya reproduzca los errores del ‘plan Ibarretxe’.

Creemos que mientras CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP dicen que se quieren cargar de razones, lo único que hacen en la práctica es cargarse las posibles soluciones. Llevar propuestas al Congreso sin haberlas negociado y acordado previamente es ir a una derrota segura. ¿O es que alguien está olvidando de que el PP tiene mayoría absoluta en las Cortes Generales? No se puede solicitar la autorización para convocar consultas sin haber negociado, primero en Catalunya y después con los partidos y las instituciones del Estado, la fecha, el contenido de la pregunta y el marco legal para formularla.

Si se olvidan estas premisas básicas será imposible que los catalanes puedan decidir legalmente sobre su futuro. Emplazamos una vez más a los presidentes Mas y Rajoy a negociar y estamos dispuestos a ayudarles en la difícil tarea de encontrar una solución. Seguro que Pere Navarro, Alfredo Pérez Rubalcaba, Josep Antoni Duran Lleida, Miquel Roca y Felipe González pueden hacer contribuciones decisivas a ese esfuerzo. La alternativa a un acuerdo es un fracaso colectivo que no nos podemos permitir.